El juez Francisco Javier Rebolledo rechazó reinstalar en la Armada de México al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por delincuencia organizada para contrabando de combustible. La Semar deberá defender la legalidad de su baja.
CDMX — La disputa legal por la baja del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sumó un nuevo revés judicial. Un juez federal rechazó concederle la suspensión provisional para ser reinstalado como miembro en activo de la Armada de México, mientras enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustible.
Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, determinó que otorgar la medida cautelar contravendría disposiciones de orden público y afectaría el interés social. En su resolución, sostuvo que debe permitirse que la orden de baja continúe surtiendo efectos hasta que se determine su legalidad, pues reinstalar a un servidor público bajo proceso podría vulnerar los principios constitucionales de legalidad, honradez y eficiencia.
Farías, recluido desde septiembre en el penal federal del Altiplano, promovió el amparo el 5 de enero para impugnar la decisión de la Secretaría de Marina (Semar). Aunque el juez negó la suspensión provisional, admitió a trámite la demanda, por lo que la dependencia deberá rendir informes y justificar el procedimiento administrativo que derivó en la baja. La audiencia para resolver sobre la suspensión definitiva está programada para el 17 de febrero.
El vicealmirante ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum en las que denuncia que el caso fue fabricado por la Semar y la Fiscalía General de la República. Paralelamente, su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, obtuvo una suspensión definitiva que impide por ahora que se formalice su baja, resolución que está bajo revisión judicial. También el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano impugnó su separación, aunque sin éxito en la suspensión provisional.
El proceso administrativo y judicial podría prolongarse más de un año, mientras el caso se mantiene como uno de los expedientes más sensibles para la institución naval.
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