Angélica Barojas confirma retraso procesal tras retiro de Francisco Carrera Cabrera por falta de pagos. La agresión contra Misael ocurrida el 21 de mayo de 2025 sigue sin sentencia mientras Julio y Gherson N. siguen libres.
Tehuacán, Puebla. — La búsqueda de justicia para Misael, ciudadano identificado socialmente como “El Piñas”, enfrenta un nuevo estancamiento en los tribunales poblanos tras cumplirse casi un ciclo anual desde la agresión que conmocionó a la opinión pública local. El sistema judicial permitió que la última audiencia programada se diluyera en apenas veinte minutos de sesión formal, debido a que el abogado particular de la parte imputada, Francisco Carrera Cabrera, decidió abandonar la representación técnica argumentando un incumplimiento en el pago de sus honorarios profesionales. Este incidente procesal no solo detiene el avance cronológico del expediente, sino que subraya las debilidades operativas donde el derecho a la defensa técnica se convierte en un mecanismo de dilación que afecta directamente el acceso a la prontitud jurídica para la víctima.
Angélica Barojas, representante legal de la víctima, manifestó que el juez de control otorgó un plazo adicional a los señalados para que designen una nueva defensa antes del próximo 23 de febrero, asignando provisionalmente a un defensor de oficio adscrito a la Fiscalía. Esta determinación ocurre en un momento donde el proceso requiere la integración de dictámenes periciales críticos que incluyen evaluaciones psicológicas, criminalística de campo, mecánica de hechos y estudios de trabajo social realizados al afectado. La densidad de la evidencia técnica acumulada por la Fiscalía General será el eje central del juicio, una vez que se logre superar la etapa intermedia que ha sido interrumpida por las inconsistencias administrativas de los presuntos agresores identificados como Julio y Gherson N., quienes mantienen su proceso bajo medidas cautelares no privativas de la libertad.
El entorno social que rodea el caso observa la actuación de las autoridades ministeriales y judiciales, pues a pesar de la gravedad de los hechos reportados en mayo de 2025, la resolución definitiva parece distante. La exclusión de otros familiares en la imputación inicial y la libertad de la que gozan los acusados incrementan la tensión en la narrativa comunitaria sobre la impunidad. La representación de la víctima sostiene que la responsabilidad de mantener una defensa activa recae exclusivamente en los procesados y que los conflictos financieros internos no deben traducirse en un perjuicio para el tiempo procesal. El cierre de esta etapa dependerá de que el sistema judicial priorice la continuidad sobre las tácticas de retraso en la audiencia venidera.
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