Un trozo de papel bastó. La Corte Suprema anuló los aranceles de Trump con 6 votos contra 3, desnudando que el presidente más proteccionista de la era moderna construyó su política comercial sobre una ley que nunca lo autorizó.
USA (Mexconomy/Región Global) — Fue un trozo de papel. Eso bastó para cambiar el curso de la política económica más ambiciosa —y más controvertida— del siglo XXI en Estados Unidos. El viernes 20 de febrero de 2026, mientras el presidente Donald Trump respondía preguntas de gobernadores en el Salón Este de la Casa Blanca, su representante comercial Jamieson Greer se acercó y le deslizó una nota. La Corte Suprema había fallado en su contra. "¿Entonces es una derrota?", preguntó el presidente. La respuesta fue un silencio que lo dijo todo.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal del país anuló los aranceles generalizados que Trump había impuesto a casi todos sus socios comerciales amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma de 1977 diseñada para sanciones financieras en contextos de crisis diplomática, no para restructurar el sistema de comercio global. El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., fue categórico: el Ejecutivo debe contar con "una autorización clara del Congreso" para ejercer semejante poder. Y esa autorización, sencillamente, nunca existió.
El fallo no fue una sorpresa para los juristas, pero sí un golpe de proporciones sísmicas para la agenda económica de la administración. Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles, un experimento legal que tribunales inferiores ya habían calificado como una invasión a las competencias del Congreso. La llamada doctrina de las cuestiones importantes —principio que exige autorización legislativa para acciones ejecutivas de enorme trascendencia económica— fue el argumento jurídico que selló la sentencia.
Recaudación en riesgo, Trump en jaque
Las cifras en juego son de vértigo. Desde el llamado "Día de la Liberación" del 2 de abril de 2025, el Departamento del Tesoro recaudó más de 240,000 millones de dólares en aranceles. La firma Capital Economics estima que el proceso de devolución podría costar alrededor de 120,000 millones de dólares. El juez Brett Kavanaugh, quien junto a Thomas y Alito formó la minoría disidente, advirtió que ese reembolso sería un "desastre" logístico y fiscal de dimensiones sin precedente.
La respuesta de Trump fue inmediata y desafiante. Desde la Casa Blanca, el mandatario anunció la firma de una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuevas investigaciones bajo la Sección 301 y la preservación de todos los gravámenes sobre acero y aluminio bajo la Sección 232. También lanzó ataques personales contra los magistrados de la mayoría, acusándolos de "deslealtad a la Constitución" y de actuar bajo influencia de "intereses extranjeros", sin ofrecer ninguna evidencia.
El Yale Budget Lab calculó que, con los instrumentos alternativos anunciados, la tasa arancelaria efectiva pasaría del 16.9% previo al fallo al 15.4%, una caída menor pero construida sobre una arquitectura legal más frágil y limitada en el tiempo. El vicepresidente JD Vance calificó el fallo de "ilegalidad de la Corte", mientras las bolsas reaccionaron con volatilidad moderada ante la promesa presidencial de que "el resultado final nos traerá más dinero". Una promesa que la historia económica reciente ya se había encargado de desmentir.
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