El arresto del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por extorsión sistemática a empresas como José Cuervo —exigiendo 60 millones de pesos cuando la obligación fiscal rondaba 1 millón anual— es la confirmación de un patrón que atraviesa al partido gobernante de México desde el ámbito municipal hasta la cúpula federal: la normalización de la corrupción bajo un discurso de "primeros los pobres" y "el pueblo", que funciona como pantalla moral mientras el saqueo continúa sin consecuencias.
RG Revista — La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, permanece en funciones pese a que Estados Unidos le revocó la visa por vínculos de su exesposo con el narcotráfico. La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, adquirió una mansión valuada en 43 millones de pesos sin que autoridad alguna investigue el origen de los recursos. Seis marinos operaron un esquema de "huachicol fiscal" desviando millones del erario. Nueve ministros de la Suprema Corte compraron camionetas blindadas de lujo con dinero público, que luego no usaron. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador construyeron fortunas paralelas al poder presidencial. Líderes del Congreso multiplican patrimonios sin explicación. Y todo ocurre sin investigación, sin sanción, sin rendición de cuentas.
El caso Rivera Navarro destaca porque la Fiscalía General de la República intervino directamente, desplegando la Operación Enjambre con participación de Sedena, Semar y el Centro Nacional de Inteligencia. Fueron detenidos también el director de Seguridad Pública, el de Catastro y el de Obras Públicas, evidenciando que la extorsión no era obra de un individuo sino de un aparato municipal completo convertido en brazo coercitivo contra el sector privado. La intervención federal fue posible porque afectó intereses económicos estratégicos y escaló a seguridad nacional. Pero esa misma contundencia brilla por su ausencia cuando los acusados pertenecen al círculo presidencial o a gobernadores alineados.
Morena Jalisco se deslindó de Rivera Navarro de inmediato, repitiendo la fórmula que ya aplicaron con otros: declarar que nadie está por encima de la ley mientras protegen a quienes sí lo están. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que ‘ningún partido, menos Morena, puede ser paraguas para delinquir’, tras detención de Diego Rivera. Pero guarda silencio sistemático ante cada escándalo que involucra a funcionarios del más alto nivel de su movimiento, replicando la estrategia de su antecesor: convertir la omisión en política de Estado.
Las obras emblemáticas del sexenio anterior —Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Tren Interoceánico, AIFA— funcionaron como mecanismos de desvío masivo de recursos públicos. Descarrilamientos fatales, incendios recurrentes, contaminación de acuíferos, subsidios millonarios eternos. Ninguna investigación. Ningún responsable. El sistema de salud pública colapsó por desmantelamiento deliberado. Tampoco hubo consecuencias.
Lo que distingue a este momento político no es la existencia de corrupción —endémica en todas las administraciones mexicanas— sino la construcción deliberada de un blindaje institucional que la hace inmune al escrutinio. Estados Unidos presiona para la entrega de narcopolíticos mexicanos mientras México finge no verlos. El Congreso está capturado. La Suprema Corte, desmantelada. Los órganos autónomos, intervenidos o extintos. La prensa crítica, acosada.
El riesgo prospectivo es claro: cuando la impunidad se convierte en sistema, la corrupción deja de ser desviación y se transforma en método de gobierno. Rivera Navarro cayó porque tocó intereses que el poder central no podía ignorar. Los demás permanecen porque el pacto de silencio sigue vigente. Y mientras ese pacto se mantenga, México no enfrenta escándalos de corrupción. Enfrenta la corrupción como régimen.
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