Puebla y Tlaxcala activaron una mesa interestatal con militares, fiscales y Guardia Nacional tras el asesinato del matrimonio del Instituto Oriente. La coordinación llegó después de horas de silencio oficial y ciudadanos protestando en redes y en la calle.

Puebla/Tlaxcala — Con el peso político del caso de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo todavía sin resolver, los gobernadores de Puebla y Tlaxcala se sentaron a la misma mesa. El gobernador Alejandro Armenta Mier y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezaron la Mesa de Inteligencia Interestatal, convocada en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito declarado de fortalecer la seguridad y blindar la franja limítrofe entre ambos estados.

La mesa reunió un despliegue institucional significativo. Por el lado federal: el comandante interino de la VI Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; el comandante de la 25a Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas; el jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar, Héctor Francisco Morán González; el coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro, José Martín Luna de la Luz; el comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla, Isidro Revilla Castañeda, y representantes del Centro Nacional de Inteligencia. Por Puebla: el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, el coordinador de Gabinete José Luis García Parra, el vicealmirante Francisco Sánchez González como secretario de Seguridad Pública, y la fiscal general Idamis Pastor Betancourt. Por Tlaxcala: el comandante de la 23a Zona Militar, José Mario Vega Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Raúl Martínez González; el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, y la fiscal general Ernestina Carro Roldán.

En el plano operativo, la mesa ratificó la coordinación entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, con énfasis en prevención, inteligencia y reacción. Sobre el caso del matrimonio desaparecido, ambas entidades reiteraron colaboración plena y apego al debido proceso. El lenguaje fue cuidadoso: ningún funcionario adelantó líneas de investigación ni señaló responsables.

Lo que la mesa no dijo es tan relevante como lo que dijo. Armenta tardó más de 36 horas en pronunciarse públicamente sobre la desaparición del matrimonio y desvió la responsabilidad jurisdiccional hacia Tlaxcala. La convocatoria a esta mesa llegó después, bajo presión ciudadana: las redes sociales hablaron sin concesiones, ciudadanos protestaron con una cadena humana el 20 de febrero exigiendo respuestas al crímen mútiple de Angelópolis. La coordinación interestatal no es nueva política de seguridad. Es la respuesta a un escándalo que desbordó la agenda oficial.

El contexto en que opera esta mesa es el de un estado donde el CJNG ha establecido centro de mando táctico en San Martín Texmelucan, donde se han registrado seis ejecuciones en Huehuetlán el Grande en una sola noche, y donde la franja limítrofe con Tlaxcala forma parte del corredor logístico que conecta Veracruz con la Ciudad de México. Blindar esa franja es una necesidad real. Que haya tomado un matrimonio asesinado y protestase para convocar a la mesa, es la medida exacta del rezago.

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