El armamento, los bloqueos y las recompensas por militares del CJNG no se pagan con efectivo de maletín. Se sostienen con empresas factureras, despachos de abogados y estructuras financieras en Zapopan y Sinaloa. Esa guerra aún no ha comenzado en serio.
CDMX — Al final de la conferencia de prensa, cuando el operativo ya había consumido toda la atención mediática disponible, un reportero lanzó a la presidenta Clauda Sheinbaum la pregunta que nadie esperaba: ¿cómo avanza la investigación sobre empresas factureras y despachos de abogados vinculados al lavado de dinero de los cárteles? La presidenta Claudia Sheinbaum respondió. Lo que dijo merece más espacio del que recibió.
Sheinbaum confirmó la existencia de un grupo de trabajo integrado por el SAT —Servicio de Administración Tributaria—, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, enfocado específicamente en lavado de dinero y empresas factureras. Reconoció dos categorías distintas dentro del mismo problema: por un lado, factureras vinculadas directamente con la delincuencia organizada; por otro, lo que llamó "delincuentes de cuello blanco" —personas con perfiles fiscalistas y litigiosos que asesoran a cárteles sobre cómo instaurar estructuras empresariales para lavar dinero, sin involucrarse directamente en actividades criminales convencionales. El matiz es jurídicamente relevante y políticamente delicado.
El caso del CJNG ilustra el problema con precisión. El poderío de El Mencho —los lanzacohetes, los vehículos blindados, la red de bloqueos simultáneos en 11 estados, los 20,000 pesos que El Tuli ofrecía por cada militar— no se sostiene con efectivo de maletín. Se sostiene con estructuras financieras: empresas en Zapopan y en Sinaloa, mencionadas en la conferencia como objeto de investigación previa, que sirven de pantalla para mover, blanquear e invertir los recursos del tráfico de drogas. Esas estructuras son más difíciles de desmantelar que un campamento en la sierra de Jalisco, y sobrevivirán al líder que las financiaba.
La presidenta mencionó que el trabajo va avanzado y que espera dar resultados pronto. No ofreció fechas, nombres ni cifras. Lo que sí ofreció fue un reconocimiento implícito de la complejidad del problema: hay abogados y despachos que operan en la frontera entre la asesoría legal legítima y la facilitación del crimen organizado. Perseguir esa frontera requiere no solo voluntad política, sino coordinación entre autoridades fiscales, penales y financieras que históricamente han operado en compartimentos separados.
El riesgo prospectivo más concreto en este frente es la impunidad por omisión: mientras el operativo del Mencho monopoliza la narrativa de seguridad durante semanas, el trabajo de inteligencia financiera —más lento, menos fotogénico, pero estructuralmente más importante— puede perder recursos, atención institucional y presión política. Los cárteles no se desmantela abatiendo a su líder. Se desmantelan secando sus fuentes de financiamiento. Ese trabajo, la presidenta lo sabe, está apenas comenzando.
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