El diputado Marcos Castro Martínez demanda revisiones equitativas en Tehuacán, Xicotepec y la zona conurbada. Ante la fiscalización de San Andrés Cholula, el legislador pide transparencia técnica y rechaza el uso faccioso de las instituciones.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El diputado local Marcos Castro Martínez, hizo un llamado para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) mantenga su autonomía técnica y no se transforme en un instrumento de persecución partidista. El legislador local subrayó que, si bien la fiscalización es una obligación constitucional necesaria para la rendición de cuentas, esta debe aplicarse bajo criterios de imparcialidad y sin sesgos que apunten únicamente a demarcaciones específicas por su filiación política. La advertencia surge en un momento donde el escrutinio público sobre las administraciones municipales exige claridad absoluta sobre el destino de los recursos públicos.
Castro Martínez enfatizó que no existe inconveniente alguno en que se revisen las finanzas de San Andrés Cholula, pero insistió en que dicho rigor debe extenderse con la misma intensidad hacia otros puntos críticos del estado. En su propuesta, el legislador urgió a la ASE a integrar en sus programas de auditoría a municipios como Xicotepec de Juárez y Tehuacán, así como a la totalidad de la zona conurbada, incluyendo a San Martín Texmelucan, Cuautlancingo y Coronango. El planteamiento busca evitar que el órgano fiscalizador sea percibido como un "garrote político", garantizando que el proceso de revisión sea un ejercicio administrativo justo y no una estrategia de desgaste electoral contra ciertos perfiles.
La postura del diputado urge la necesidad de que el órgano técnico cumpla con su función primordial: la protección del patrimonio de los poblanos sin atender a visiones políticas particulares. Según Marcos Castro, la transparencia debe ser una regla general y no una excepción dirigida, por lo que la revisión exhaustiva de todos los ayuntamientos, empezando por los de mayor densidad poblacional y presupuestal, es el único camino para validar la legitimidad de las instituciones. Este llamado pone a prueba la imparcialidad del Congreso del Estado y de la propia ASE en el cierre de los ciclos administrativos, donde la fiscalización se convierte en el último filtro contra la opacidad y el desvío de fondos.
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