Más de 800 poblanos formaron una cadena humana este 20 de febrero por Gisele, Joaquín y Emmanuel pese a eventos que saturaron Puebla. Las familias atravesaron la cortina de humo para exigir justicia, seguridad y que Armenta deje de revictimizar a los muertos. La estrategia de distracción fracasó.
Angelópolis, Puebla — Más de 800 personas formaron una cadena humana en La Estrella de Puebla la tarde del 20 de febrero para exigir justicia por Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez. La Convocatoria Ciudadana por la Paz coincidió con cinco eventos masivos: protesta ambiental, concierto de Big Time Rush, partido Puebla vs América y otras actividades que saturaron agenda pública. La estrategia de distracción y los eventos ya programados no lograron silenciar a las familias.
Vestidos de blanco y con velas en mano, familiares y amigos de las víctimas se reunieron la tarde del viernes 20 de febrero frente a Sala de Despecho y la Estrella de Puebla, en Angelópolis, para formar una cadena humana y exigir justicia. Esteban Campaña, padre de Emmanuel, habló con lágrimas mientras sostenía una veladora: "Le tocó a mi niño, a mi Manuelito, eran chicos sanos, buenos". A su lado, las familias de Gisele Ortiz Carreto y Joaquín Wirth García guardaban silencio mientras cientos de ciudadanos repetían el grito: "Queremos paz". Seis días después de la masacre perpetrada por La Barredora, la sociedad civil respondió con la única herramienta que le queda cuando el Estado falla: organizarse y exigir.
Pero la movilización no fue sencilla. La tarde del 20 de febrero coincidieron cinco eventos masivos en Puebla que fragmentaron la atención pública y generaron afectaciones viales coordinadas que dificultaron el acceso a Angelópolis. A las 17:00 horas arrancó la movilización ambiental en defensa del Parque Juárez, con salida en el Parque del Carmen hacia el bulevar 5 de Mayo. A las 19:00 horas, justo cuando comenzaba la cadena por la paz, iniciaba el concierto de la banda estadounidense Big Time Rush en el Auditorio GNP Seguros. A las 21:00 horas, el partido Puebla vs América en el Estadio Cuauhtémoc completaba la saturación de agenda pública en una ventana de cuatro horas.
El patrón es evidente: un día antes, el Congreso del Estado dedicó cuatro horas a discutir el fenómeno therian mientras las redes sociales ardían con videos virales de jóvenes que se identifican con animales. El día de la marcha, cinco eventos simultáneos compitieron por atención mediática, trending topics y cobertura noticiosa. Las autoridades municipales informaron que habría "acompañamiento y cierres temporales de vialidades para facilitar el desarrollo de las actividades", sin especificar cuál actividad requería protección especial. La estrategia fue clara: diluir el impacto de la protesta ciudadana fragmentando la conversación pública entre deportes, entretenimiento, ambientalismo y justicia. Que cada sector hablara de lo suyo y nadie construyera masa crítica suficiente para incomodar al poder.
Pero la estrategia no funcionó completamente. A pesar de la saturación de eventos, más de 800 personas llegaron a La Estrella de Puebla entre las 19:00 y 20:00 horas. Formaron una cadena humana, colocaron velas en memoria de Gisele, Emmanuel y Joaquín afuera del bar donde fueron ejecutados, y guardaron silencio para manifestar el duelo que dejó la partida de tres jóvenes profesionistas sin nexos criminales. Esteban Campaña fue contundente: "Todas las juventudes deben tener el derecho de salir a divertirse sin la sensación de peligro". La frase resume el fracaso del gobierno de Alejandro Armenta: en Puebla, salir a celebrar un cumpleaños puede costar la vida porque el crimen organizado opera con presunta complicidad o negligencia institucional.
Las demandas fueron claras y concretas: justicia para las víctimas, mayor seguridad, acciones efectivas contra el crimen organizado y, especialmente, que no se culpe a los muertos. Esta última exigencia responde directamente a las declaraciones del gobernador Armenta, quien sin presentar pruebas vinculó el caso con narcomenudeo en "esferas altas" y llamó a padres a vigilar con quiénes se relacionan sus hijos. La fiscal general Idamis Pastor desmintió categóricamente estas acusaciones al confirmar que "no existe evidencia de que las víctimas tuvieran relación con actividades ilícitas". Pero el daño ya estaba hecho: la victimización secundaria manchó la memoria de jóvenes que solo querían celebrar el Día del Amor y la Amistad.
Lo que la movilización dejó en evidencia es la distancia moral entre el poder y la ciudadanía. Mientras más de 800 personas guardaban silencio con velas encendidas exigiendo que sus hijos puedan salir sin miedo a ser ejecutados, ningún funcionario de primer nivel del gobierno estatal se presentó. Ni el gobernador Armenta, ni el secretario de Seguridad Pública Francisco Sánchez González, ni la fiscal Idamis Pastor acompañaron a las familias. El Congreso del Estado, que un día antes dedicó cuatro horas a discutir therians, no envió representación oficial. Los empresarios del CCE y Coparmex, que negaron el cobro de piso para proteger el pacto con el crimen, tampoco aparecieron. La cadena humana fue un acto ciudadano que el poder ignoró porque reconocerla implicaría admitir su fracaso.
La Convocatoria Ciudadana por la Paz y la Seguridad logró lo que parecía imposible: mantener el foco en Angelópolis a pesar de la saturación de eventos, la distracción mediática coordinada y el silencio institucional. Las familias de Gisele, Joaquín y Emmanuel atravesaron la cortina de humo y colocaron el tema donde debe estar: en el centro de la conversación pública. Ahora la pregunta es qué hará el gobierno de Puebla. ¿Seguirá culpando a las víctimas? ¿Continuará proponiendo regular horarios de bares mientras el CJNG opera? ¿Mantendrá el silencio mientras dos sicarios siguen prófugos y el autor intelectual del ataque permanece sin identificar?
Las familias ya cumplieron su parte. Se organizaron, convocaron, resistieron la distracción y exigieron con dignidad. Le toca al Estado responder. No con posicionamientos vacíos ni exhortos sin dientes, sino con investigación efectiva, detención del autor intelectual, desmantelamiento de las redes de extorsión y reconocimiento público de que en Puebla opera la Pax Narca con complicidad o negligencia institucional. Si el gobierno sigue administrando el crimen en lugar de combatirlo, la cadena humana del 20 de febrero no será la última movilización. Será solo el principio de algo más grande que el miedo y más fuerte que la impunidad. Las velas se apagaron, pero la exigencia de justicia apenas comienza.
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