Editorial
Autoridades norteamericanas han construido argumentos y escenarios que concluyen en la presencia extendida del crimen organizado en más del 60 por ciento del territorio nacional. El gobierno mexicano lo niega. Pero el problema es más grande de lo que Estados Unidos estima y de lo que México reconoce. En realidad, todo el territorio nacional está capturado. No hay municipio o ciudad importante que no tenga células de cárteles operando. Puebla, en consecuencia, no es la excepción. Es la regla.
Desde luego que si el fenómeno se reconoce será en un margen estrecho, porque no se puede explicar la presencia de actividad delictiva sin admitir la complicidad. Y ahí está el verdadero cáncer: el binomio crimen-Estado que se protege mutuamente. Por eso es más fácil construir "líneas de investigación" que expliquen "confusión", "narcomenudeo" o "guerra entre células criminales", que reconocer la extorsión a negocios. Porque admitir el cobro de piso no implica solo presencia activa del crimen, sino colusión institucional. Y esa verdad desmoronaría cualquier relato oficial por completo.
Este es el verdadero cáncer de México que cobra innumerables víctimas y que continúa extendiéndose sin freno. El expediente criminal mexicano ha establecido un principio inapelable: donde hay cobro de piso sistemático, hay arreglo institucional. No existe extorsión generalizada sin la complicidad o la omisión calculada de las autoridades locales. Cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Cisneros, declaró que "no tienen información específica sobre cobro de piso", no estaba negando un hecho. Estaba protegiendo un pacto.
La geografía del crimen en México ha cambiado radicalmente. Con excepción del noroeste del Pacífico —Sinaloa, Sonora, Nayarit—, donde persisten enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, el resto del país opera bajo arreglos territoriales donde los cárteles se han repartido las plazas sin disputa. Es más, actúan de manera coordinada en lo que llaman "las fronteras" y pagando "franquicias". En Puebla, la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales vinculados a la Familia Michoacana no deriva en guerra abierta porque existe un entendimiento tácito, administrado y rentable para todos los involucrados. La hipótesis de "conflicto entre bandas criminales" que circuló como una de las cuatro versiones del ataque en Angelópolis es profundamente inverosímil. Es una mentira deliberada.
En este contexto, la marcha-manifestación que prepara un sector de la sociedad poblana justificadamente indignado por los hechos de Angelópolis va a enfrentar una reacción feroz que tratará de deslegitimar su justa demanda de paz y seguridad. Y esa es la otra evidencia que vincula al crimen con el status quo: cuando la ciudadanía se organiza para exigir, el sistema despliega todos sus recursos —trolls pagados con dinero público, medios oficialistas, funcionarios que piden "no especular"— para desacreditar, dividir y silenciar. Alzar la voz en un régimen autoritario disfrazado de democracia cuesta. Y no solo hay víctimas fatales por el estado de cosas. El binomio crimen-Estado nos hace daño a todos, no solo por los hechos violentos. Solo hay de dos sopas: conformarnos frente a la ignominia o pagar el precio de la disidencia.
Con todo, la sociedad civil —eso que han tratado de borrar con el "nosotros el pueblo" del discurso oficial— no ha desaparecido. Y al precio que sea, va a comenzar a alzar la voz en Puebla sin tintes electorales ni políticos. En sentido contrario, quienes reciben dinero del erario para generar una ola que desde las redes sociales pretende tapar el sol con un dedo, van a intentar desacreditar la inconformidad social y la protesta ciudadana. La diferencia es clara: la sociedad va a exigir justicia por convicción, los otros defenderán la impunidad por la nómina.
La respuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier ante la masacre de Angelópolis fue previsible y obscena. Sin presentar una sola prueba, vinculó el caso con narcomenudeo en "esferas altas" y llamó a padres de familia a vigilar con quiénes se relacionan sus hijos, como si Gisele Ortiz Carreto y Joaquín Wirth García fueran responsables de su propia ejecución. Esta estrategia de victimización secundaria no es ingenua: es calculada y funcional. Desvía la atención del problema estructural —cualquiera que sea: extorsión, colusión, impunidad, o todo junto— hacia la culpabilidad en las víctimas.
El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa fue la única voz institucional que se atrevió a nombrar la realidad sin eufemismos. Desde la Catedral de Puebla, denunció una violencia "cada vez más encarnizada" y señaló que cada día inicia con la incertidumbre de un nuevo acto violento. Su llamado fue un recordatorio de que la estrategia de seguridad actual no funciona porque no está diseñada para proteger ciudadanos, sino para administrar el arreglo entre crimen y Estado. Pero la Iglesia, por más que denuncie, no tiene capacidad operativa. Solo puede testimoniar el fracaso del sistema mientras las familias entierran a sus muertos para que descansen en paz.
El discurso de "Construcción de la Paz" nació muerto. Se construye paz desmantelando redes de extorsión, investigando complicidad institucional y rompiendo el pacto de silencio entre gobierno, empresarios y crimen organizado. Pero eso requiere voluntad política, y el gobierno de Puebla carece de ella porque el sistema es funcional para quienes lo administran y lucran con él.
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