El fallo anuló el arancel del 25% que Trump impuso a México por el fentanilo. Pero con el 80% de sus exportaciones atadas a EE.UU., México no ganó: obtuvo una tregua mientras Trump ya firma nuevas órdenes para rodear al tribunal.
CDMX — La noticia llegó a México con la velocidad de los mercados: la Corte Suprema de Estados Unidos anuló, con una votación de 6 a 3, los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump había impuesto amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con la misma prudencia que ha caracterizado su manejo de la relación bilateral: antes de emitir cualquier opinión, anunció que revisaría con detenimiento la resolución. Una cautela que, en el contexto de una economía cuyo 80% de exportaciones depende del mercado estadounidense, no es timidez diplomática. Es el reconocimiento implícito de que un fallo que parece favorable puede esconder, en su letra pequeña, más preguntas que respuestas.
El 25% de arancel que Washington aplicó a ciertos productos mexicanos bajo el argumento de "esfuerzos insuficientes" para frenar el tráfico de fentanilo formaba parte del paquete de gravámenes que el tribunal anuló. El presidente del Supremo, John Roberts, fue claro en su redacción: los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos, y su imposición generalizada mediante decreto ejecutivo constituye una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso. "No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores", escribió Roberts, precisando con esa frase los límites exactos del fallo: el tribunal resolvió sobre legalidad, no sobre política comercial.
Y ahí reside el núcleo del problema para México. El fallo cierra una puerta, la de la IEEPA como instrumento arancelario generalizado, pero deja abiertas varias otras. Trump anunció de inmediato un arancel global del 10% bajo la Sección 122, la preservación de todos los gravámenes sobre acero y aluminio bajo la Sección 232, y nuevas investigaciones bajo la Sección 301 que podrían derivar en aranceles adicionales específicos por prácticas comerciales consideradas desleales. Para una economía como la mexicana, cuyo 80% de exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense, cada una de esas puertas abiertas es una amenaza latente con nombre y número de sección.
El T-MEC un escudo imperfecto
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrecía en teoría un marco de protección frente a la arbitrariedad arancelaria. La realidad del último año demostró sus límites: Trump usó la IEEPA precisamente porque le permitía actuar al margen de los compromisos del tratado, invocando una emergencia que los tribunales finalmente consideraron inexistente o mal definida. Con el fallo, el T-MEC recupera algo de su peso jurídico, pero la administración republicana ya demostró que su instinto es buscar los márgenes del acuerdo, no su espíritu.
La dimensión más inquietante para México no está en los aranceles que se anularon, sino en la señal que Trump envió después del fallo. En lugar de aceptar los límites impuestos por el tribunal, el mandatario firmó nuevas órdenes ejecutivas y prometió que los ingresos arancelarios aumentarían, no disminuirían. Para los exportadores mexicanos, para las empresas de manufactura instaladas en la frontera y para los inversionistas que evalúan las cadenas de suministro del corredor México-Estados Unidos, esa promesa no genera certidumbre. Genera exactamente lo contrario: la confirmación de que la estabilidad regulatoria seguirá siendo la variable más escasa y más costosa del entorno comercial bilateral.
México no perdió este viernes 20 de febrero. Pero tampoco ganó. Obtuvo una tregua construida sobre cimientos judiciales que el propio Trump ya está trabajando para rodear. En comercio internacional, como en teoría de juegos, lo que importa no es el movimiento de hoy. Es la estrategia de los próximos diez.
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