Organizaciones criminales en Sinaloa, Colima y Sonora cobran extorsión a empresas mineras que extraen minerales estratégicos. Estados Unidos identifica esta realidad como justificación para designar cárteles como terroristas e intervenir en zonas mineras mexicanas.
RG Revista — El seuestro de un grupo de mineros en Sinaloha ha revelado una verdad inquietante sobre la geopolítica de recursos en México: el crimen organizado cobra piso a grandes empresas mineras en las zonas exactas donde Estados Unidos ha detectado yacimientos de minerales estratégicos. Esta realidad conecta dos narrativas aparentemente separadas: la guerra contra el fentanilo y la necesidad estadounidense de acceso a tierras raras, litio y otros minerales críticos para semiconductores y sistemas de defensa.
Los datos satelitales de la NASA han identificado principales yacimientos de tierras raras, litio y minerales estratégicos en México. Las zonas coinciden con precisión inquietante: Sonora alberga litio y tierras raras bajo control del Cártel de Sinaloa y células del Cártel de Caborca. Sinaloa concentra depósitos en la Sierra Madre controlados por facciones de Los Chapitos y El Mayo Zambada. Colima, con puerto estratégico de Manzanillo, está bajo dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Michoacán, con tierras raras en zona limítrofe con Jalisco, permanece bajo control de La Familia Michoacana.
El esquema de lavado opera mediante intermediarios: grandes empresas mineras con cotización en bolsas internacionales no pueden pagar extorsión directamente debido a auditorías internacionales y leyes anticorrupción estadounidenses y europeas. Un solo reporte de pago a cárteles las expulsa de mercados internacionales. La solución: terceros privados sin presencia internacional obtienen permisos, pagan protección a cárteles, extraen mineral en condiciones irregulares, limpian la operación mediante facturación legal y venden el producto a multinacionales. El mineral llega a mercados globales sin rastro documental de extorsión.
La designación de cárteles como organizaciones terroristas bajo ley estadounidense alcanza hasta segundo y tercer grado de relación comercial. Cualquier empresa con vínculos a cárteles enfrenta sanciones, significando que toda la cadena de suministro minera mexicana está potencialmente contaminada. Esta realidad legal conecta ambas narrativas: para acceder sin problema a minerales estratégicos, Estados Unidos debe neutralizar primero a cárteles que controlan esos territorios.
Los vuelos de drones estadounidenses sobre territorio mexicano, oficialmente justificados como operaciones de inteligencia contra narcotráfico, tienen objetivo dual no declarado: mapear con precisión yacimientos minerales y evaluar infraestructura necesaria para explotación. Las operaciones satelitales de la NASA no son ciencia básica sino geología aplicada con fines estratégicos. Todos asumen que buscan al Mencho, pero en realidad mapean exactamente dónde están los mejores mantos minerales en zonas de La Familia Michoacana.
El reporte de Seguridad Nacional 2026 de Estados Unidos lo establece explícitamente: si México no actúa, lo haremos nosotros. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, es la pieza determinante. Si logra limpiar zonas mineras de presencia criminal, México mantiene apariencia de soberanía. Si falla, la intervención estadounidense en esas zonas específicas se vuelve inevitable. Los 60 días de consultas de Ebrard son la ventana para negociar términos de una rendición que ambos gobiernos prefieren llamar cooperación. Mientras tanto, en Sonora, Sinaloa y Colima, los cárteles siguen cobrando su impuesto a un futuro que ya no les pertenece.
2. Terceros privados obtienen permisos
3. Pagan "protección" a cárteles
4. Extraen y limpian operación
5. Venden "limpio" a multinacionales
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