La tragedia de Vizsla Silver en Sinaloa expone una realidad devastadora: el control territorial de los cárteles sobre la riqueza mineral. Con pérdidas estimadas en 4,600 millones de dólares anuales, la inseguridad está provocando un éxodo masivo de capitales hacia mercados y países más seguros.
CDMX — El comunicado de Vizsla Silver Corp fue de una brevedad desgarradora: "Varias familias han informado que sus parientes, nuestros colegas, quienes fueron secuestrados en el sitio del proyecto de la compañía en Concordia, México, han sido hallados sin vida". Con esta confirmación, la minera canadiense —que lideraba el proyecto Panuco Silver-Gold con recursos de 119 millones de onzas de plata equivalente— puso rostro humano a una crisis que la industria suele callar: los yacimientos más ricos del país están bajo el yugo del crimen organizado.
La geografía de la violencia coincide con precisión quirúrgica con el valor geológico de la nación. En Sinaloa, el Cártel de Sinaloa ha impuesto su ley en la sierra de Concordia. En Sonora, donde yacen las reservas estratégicas de litio y cobre, la disputa arrecia entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Caborca. Mientras tanto, el oro de Guerrero se fragmenta entre el CJNG, La Familia Michoacana y Los Ardillos. Esta dinámica se replica en Coahuila con el carbón bajo el control del Cártel del Noreste, y en Michoacán, donde el hierro es el botín de guerra entre grupos delictivos.
El esquema de captura criminal se ha sofisticado en tres niveles críticos. El primero es la extorsión sistémica, con cuotas mensuales que merman hasta el 25% de las utilidades. El segundo es la participación directa, donde los cárteles exigen hasta el 60% de la producción. El nivel terminal ocurre con la expropiación de facto: los grupos criminales expulsan a los propietarios y operan las minas mediante trabajo forzado. Es una progresión letal que, en menos de cinco años, transforma una inversión legítima en una operación capturada.
El costo económico es masivo. Se estima que México deja de extraer 40 toneladas de oro y 900 toneladas de plata anuales debido a la inseguridad, una sangría financiera de 3,410 millones de dólares. Si sumamos otros metales, la cifra asciende a 4,600 millones de dólares en producción perdida cada año. Peor aún, entre 2020 y 2025 se han cancelado proyectos de exploración por 6,500 millones de dólares, asfixiando la creación de hasta 120,000 empleos potenciales.
La brecha competitiva frente a otros gigantes mineros es alarmante. Mientras Chile atrae inversiones superiores a los 10,000 millones de dólares en litio y Perú mantiene su crecimiento en cobre, la prima de riesgo en México se ha disparado. Los costos de capital han escalado del 12% al 25%, volviendo inviables proyectos que en Canadá o Australia serían altamente rentables.
El drama humano alcanza su punto más álgido en los "pocitos" de Coahuila. Allí, el Cártel del Noreste parasita la minería artesanal, arrebatando hasta la mitad de la producción a familias que trabajan en condiciones infrahumanas. Esta explotación, que evoca tragedias como la de Pasta de Conchos, persiste bajo la mirada impotente —o cómplice— de un Estado incapaz de garantizar el orden.
Tras el incidente de Vizsla Silver, los mercados financieros han reaccionado con pánico. Se proyecta un desplome de hasta el 50% en el valor de sus acciones, borrando 200 millones de dólares de capitalización. Mientras empresas internacionales revisan sus protocolos de seguridad y las aseguradoras cuadruplican sus primas, el capital institucional comienza a migrar hacia Chile y Canadá, donde la integridad de los trabajadores no es una moneda de cambio.
Este escenario plantea un desafío directo a la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las negociaciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con Washington sobre minerales críticos. De nada sirve la recuperación de 200 concesiones mineras bajo un discurso de soberanía si el Estado no posee el control territorial para protegerlas.
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