La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició la expulsión del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y de Juan Gabriel Toribio Villarreal, tras su detención por presunta corrupción y nexos delictivos
CDMX — La dirigencia nacional de Morena abrió un proceso interno que podría culminar con la expulsión de dos de sus exfuncionarios en Tequila, Jalisco, en medio de investigaciones penales que han impactado la estructura política del municipio y generado cuestionamientos sobre los controles partidistas.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) informó que el pasado 5 de febrero inició de oficio un procedimiento sancionador contra el exalcalde Diego Rivera Navarro y el exdirector de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal, luego de su detención. El órgano partidista señaló que la presunta comisión de actos graves, incluidos hechos de corrupción y posible vinculación con la delincuencia organizada, vulnera los principios fundamentales establecidos en los estatutos de Morena.
En el documento público, la Comisión reconoce que las conductas atribuidas a ambos representan un riesgo real para la unidad interna, la imagen pública y la estrategia política del partido. Como medida cautelar, se determinó la suspensión provisional de sus derechos partidarios mientras se desarrolla el proceso, cuya sanción máxima sería la expulsión definitiva.
De acuerdo con información oficial, Rivera Navarro habría secuestrado en 2021 al entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal, Guillermo Cordero García, y a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, con el propósito de obligarlos a renunciar a sus aspiraciones. Además, denuncias periodísticas lo vinculan con un presunto acuerdo para entregar al Cártel Jalisco Nueva Generación recursos públicos por hasta 40 millones de pesos anuales, mediante esquemas de extorsión y cobro de piso.
Conforme al procedimiento interno, los imputados cuentan con cinco días para responder a la notificación, y la audiencia de pruebas deberá celebrarse dentro de los 15 días hábiles siguientes. Posteriormente, la CNHyJ dispondrá de otros 15 días para emitir una resolución. El caso pone a prueba los mecanismos disciplinarios del partido frente a acusaciones que comprometen su estabilidad institucional.
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