La ONU emitió la Acción Urgente 2220/2026 para exigir al Estado Mexicano la localización del ingeniero Pablo Osorio Sánchez y otras 10 personas, desaparecidas el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, mientras laboraban para Vizsla Silver Corp.

Sinaloa. — La desaparición de once trabajadores vinculados a actividades mineras y de infraestructura en la sierra de Sinaloa escaló al plano internacional tras la intervención del sistema de Naciones Unidas, en un contexto marcado por la violencia criminal y la fragilidad institucional en zonas estratégicas del noroeste del país.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó la Acción Urgente 2220/2026, mediante la cual exige al gobierno mexicano desplegar una búsqueda inmediata y efectiva para localizar al ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez y a otras diez personas cuyo rastro se perdió el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. El organismo fijó como fecha límite el 16 de febrero para que el Estado informe sobre las medidas adoptadas.

Pablo Osorio Sánchez, de 26 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, realizaba su residencia profesional tras ser enviado por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Se desempeñaba como supervisor de túneles en la autopista Durango-Mazatlán para la empresa Cicar S.A. de C.V., mientras el grupo trabajaba en proyectos vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.

Según la denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, los once trabajadores fueron vistos por última vez alrededor de las 07:30 horas en una parada de autobuses de la autopista Villa Unión-La Concordia. La ONU subrayó que la investigación debe contemplar todas las hipótesis, incluida la desaparición forzada, ante el riesgo de colusión entre grupos criminales y agentes del Estado.

Tras la presión internacional, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó el hallazgo de objetos personales presuntamente vinculados a las víctimas y la ejecución de cinco cateos en Mazatlán y Concordia. No obstante, no se reportan detenciones ni avances concluyentes sobre el paradero de las personas, mientras organizaciones civiles advierten que el tiempo es un factor crítico para su localización con vida.

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