Usuarios del transporte público en Puebla enfrentaron escasez de unidades tras un paro de transportistas por multas superiores a 20 mil pesos. Señalan falta de un plan alterno del gobierno de Alejandro Armenta y de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — La movilidad urbana en la capital poblana volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que un paro de transportistas dejara a miles de usuarios con opciones limitadas para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio. La inconformidad social se intensificó ante la percepción de que las autoridades estatales no previeron un escenario alterno para garantizar el servicio.
El conflicto se detonó tras la protesta de concesionarios del transporte público, quienes denunciaron la imposición de sanciones económicas que, en algunos casos, superan los 20 mil pesos. Esta situación derivó en la suspensión parcial del servicio, afectando de manera directa a una población que depende diariamente del transporte colectivo para cubrir trayectos esenciales.
A la par del paro, operativos de la Policía de Proximidad Vial desplegados a lo largo del Periférico Ecológico provocaron la desaparición de los llamados taxis irregulares. Aunque estas acciones forman parte de una estrategia de ordenamiento, usuarios señalan que la medida redujo aún más las alternativas de traslado, especialmente en zonas con cobertura limitada del transporte concesionado.
Ante la presión social, el Gobierno del Estado de Puebla activó un plan temporal de movilidad que contempla autobuses provisionales y taxis colectivos, con el compromiso de no incrementar las tarifas. Sin embargo, usuarios consideran que la estrategia resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda, sobre todo en horarios de alta afluencia.
Las críticas se concentran en la falta de previsión por parte de la administración encabezada por Alejandro Armenta y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dirigida por Silvia Tanús. Para los afectados, la ausencia de un plan alterno previo trasladó el costo de las decisiones gubernamentales a la ciudadanía, que enfrenta retrasos, trasbordos forzados y mayores tiempos de traslado en una ciudad donde el transporte público es un eje cotidiano.
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