La DEA clasifica a Puebla como zona de dominio del CJNG. La detención de El Chamoy con lanzagranadas y explosivos para drones con destino a San Martín Texmelucan, y tres muertos frente al bar Sala de Despecho en Angelópolis, confirman que el estado ya no es paso: es plaza de Cárteles.
Puebla de Zaragoza, Puebla — A finales de octubre de 2025, un joven de 18 años identificado como Víctor Gabriel "N", alias El Chamoy, fue interceptado en Apizaco, Tlaxcala, a bordo de una camioneta robada detectada por un arco Repuvet del C5i. Dentro de la unidad: lanzagranadas, granadas, explosivos artesanales —uno compatible con sistemas de drones de ataque—, fusiles de asalto, más de 500 cartuchos útiles, chalecos tácticos, silenciadores y placas balísticas. Su destino declarado ante las autoridades: San Martín Texmelucan, Puebla. El operativo fue conjunto entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala. El equipo decomisado rebasa por completo el perfil delictivo común en la región. No era un asaltante. Era un eslabón de cadena de abastecimiento militar.
La detención de El Chamoy no es un hecho aislado: es la confirmación documentada de lo que fuentes de inteligencia federal señalan desde 2022. El Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Puebla bajo una estructura híbrida de células pequeñas y móviles con base en municipios como Texmelucan, Huejotzingo, Tlahuapan, San Salvador El Verde y la capital poblana. Estas células no se limitan al robo de combustible: controlan tráfico de armas y drogas, extorsión y rutas de transporte de carga. La ruta Veracruz–Texmelucan es su columna vertebral logística: conecta el puerto —punto de entrada de precursores químicos y armamento— con los ductos de Pemex, las autopistas federales y los cruces hacia el Estado de México y la Ciudad de México. San Martín Texmelucan ya no es un punto de paso: es un centro de mando táctico, el nodo donde convergen los corredores criminales del CJNG en el centro del país, y donde el arsenal se redistribuye hacia la Megalópolis.
El informe 2025 National Drug Threat Assessment de la DEA clasifica a Puebla como territorio de dominio del CJNG con presencia activa del Cártel de Sinaloa. En ninguna de las 32 entidades federativas el cártel tiene presencia nula. En Puebla, esa presencia se ejerce mediante franquicias locales como Comando Puebla que extorsionan comerciantes y administran puntos de distribución de drogas sintéticas a lo largo de los ejes Puebla–Tehuacán, Puebla–Orizaba y el corredor hacia Acatlán de Osorio–Huajuapan. El triángulo Puebla–Veracruz–Oaxaca —Sierra Negra, Valle de Tehuacán, Tepeaca y Ciudad Serdán— concentra el tráfico de precursores, huachicol y estupefacientes con creciente militarización informal de los grupos que lo controlan. La semana pasada, fuerzas federales y la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron tres vehículos de lujo y armas del CJNG en La Aurora, Tepeyanco. Un hombre de 37 años fue detenido por homicidio y secuestro. El cártel no estaba de paso: estaba operando hacia Puebla desde territorio tlaxcalteca.
La novedad más alarmante en el mapa urbano es la irrupción de La Barredora, organización que opera como brazo armado en el estado y cuya firma más reciente fue una ráfaga frente al restaurante bar Sala de Despecho, en Angelópolis, con un saldo de tres muertos. No es violencia periférica: es ejecución en la zona comercial más concurrida de la capital poblana, ejecutada sin anticipación ni respuesta inmediata de las autoridades. En la Sierra Norte y la Sierra Nororiental —Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec— las extorsiones contra comercios, transportistas y comunidades indígenas crecen sin estrategia estatal coordinada visible. Los municipios de Huejotzingo, Tecamachalco, Acajete y Amozoc acumulan señales de fragmentación local que produce grupos híbridos sin filiación clara, violentos y de lealtades flexibles: organizaciones que proliferan donde el Estado ha cedido terreno.
El Cártel de Sinaloa mantiene presencia más discreta en San Martín Texmelucan, Tehuacán y Atlixco, con operaciones predominantemente financieras: lavado mediante gasolineras, constructoras y bienes raíces. Si el CJNG se fractura por la crisis de sucesión que la muerte de El Mencho desencadenó, el CDS tiene posición para rearticularse. Ese reacomodo no reducirá la violencia en Puebla: la redistribuirá. El diagnóstico proyectado para 2026–2028 es preciso y sombrío: sin una estrategia coordinada entre inteligencia financiera, investigación ministerial y acción policial con supervisión civil, Puebla avanza hacia la normalización del crimen organizado como forma de poder territorial. Los explosivos adaptados para drones que viajaban hacia Texmelucan en la camioneta de El Chamoy no son el techo de esa escalada. Son el piso.
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