Editorial
Dos semanas de febrero confirmaron lo que muchos negaban: Puebla está capturada por el crimen. Tres jóvenes ejecutados en Angelópolis; un matrimonio asesinado tras ser levantado rumbo a Chignahuapan; doble feminicidio en Pantepec; (...); gobierno culpando a las víctimas y a jurisdicciones vecinas; empresarios negando la extorsión; Congreso debatiendo sobre therians. El reloj corre. Si no hay autores materiales e intelectuales detenidos, si el crimen organizado sigue operando con impunidad, si no se investiga a fondo, entonces Puebla está perdida para esta generación. Y solo quedará un consejo honesto: muévete.
El 14 de febrero de 2026, Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez fueron ejecutados por La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación en Angelópolis. El 20 de febrero, Alexandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz fueron hallados sin vida en Chignahuapan; sus cuerpos semidesnudos evidenciaban tortura. Dos feminicidios en Mecapalapa, entre otros hechos de sangre. Dos semanas. Ocho homicidios dolosos. Cero autores intelectuales identificados. Cero investigaciones concluyentes. Cero cambios en la estrategia de seguridad. Solo palabras vacías del gobernador Alejandro Armenta de que “no habrá impunidad”, las mismas que repite cada vez que el crimen cobra víctimas mientras su gobierno administra la violencia en lugar de combatirla.
Lo que no dice es que hay una ventana muy estrecha, de meses, para que Puebla demuestre si tiene capacidad institucional para revertir su deterioro en seguridad o si definitivamente se convirtió en territorio controlado por el crimen. Para el último cuatrimestre de 2026 sabremos si este estado tiene futuro o si está perdido para esta generación. Los indicadores son claros y medibles: detención de autores intelectuales con poder real, no solo sicarios fungibles; desmantelamiento de cárteles en territorio poblano, no solo comunicados de prensa; investigación efectiva de presunta complicidad policial; fin de la estrategia de culpabilización de víctimas; asunción de responsabilidad directa por crímenes consumados en Puebla. Si para finales de agosto nada de esto ocurrió, el veredicto será inapelable: Puebla cayó.
Si no ocurre, no será porque sea imposible técnicamente, sino porque el sistema actual está diseñado para no resolverlo. El sistema completo está estructurado para capturar sicarios, prometer justicia, esperar que pase el ciclo noticioso y repetir el patrón con la siguiente masacre.
Pero hay una variable que el poder no controla completamente: el poder ciudadano independiente. Las más de 800 personas que formaron una cadena humana en Angelópolis el 20 de febrero atravesaron eventos simultáneos diseñados para fragmentar la atención pública. Los ciudadanos que respondieron en redes sociales al gobernador rompieron el pacto de silencio que el miedo impone. Las familias de Gisele, Joaquín y Emmanuel, que exigieron públicamente “no culpar a las víctimas”, desmontaron la estrategia oficial de victimización secundaria. Ese movimiento, sostenido, organizado y amplificado, es lo único que puede generar presión suficiente para que el costo político de administrar el crimen sea mayor que el costo de combatirlo. No es garantía de victoria, pero es la única apuesta que queda cuando el Estado deja de cumplir su función básica de proteger a quienes gobierna.
Moverse no es un concepto abstracto. Es acción concreta, medible y replicable. Es asistir a marchas aunque haya conciertos y partidos de fútbol el mismo día. Es amplificar en redes los casos que el poder quiere enterrar, aunque los algoritmos favorezcan contenido sobre therians. Es exigir respuestas específicas a preguntas concretas: ¿quién ordenó el ataque en Angelópolis? ¿Quiénes ocupaban la camioneta blanca involucrada en el caso del matrimonio Tello-Ruiz? ¿Por qué el C5 dejó de rastrear después de las 11:10 horas? ¿Cómo la inteligencia oficial permitió que criminales rentaran casas de seguridad durante semanas sin ser detectados? Moverse es no aceptar las promesas genéricas de “no impunidad” y exigir resultados con nombres, fechas y carpetas judiciales. Es mantener memoria activa de cada víctima para que el crimen no se normalice como estadística. Es organizarse localmente, construir redes de vigilancia ciudadana, documentar todo y presionar sin tregua.
El costo de no moverse está documentado en cada estado que cayó ante el crimen organizado: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, (...). Todos pasaron por la misma secuencia: primero, ejecuciones esporádicas que el gobierno minimiza; luego, operación visible del crimen con casas de seguridad y cobro de piso que empresarios niegan; después, masacres que el poder atribuye a “disputas entre bandas” o a las propias víctimas; finalmente, normalización: la violencia se vuelve parte del paisaje, la gente restringe horarios y lugares, los jóvenes emigran, la clase media que podría presionar se va y solo quedan quienes no tienen opción de irse, viviendo en un estado fallido con gobierno decorativo. Puebla está en la tercera etapa. Falta una para que sea irreversible. Y esa última etapa es la aceptación colectiva, el momento en que la sociedad deja de exigir porque asume que es inútil.
Por eso el mensaje es urgente y binario: muévete o acéptalo. No hay término medio. O te organizas, manifiestas, exiges, presionas, documentas, amplificas y resistes; o aceptas que Puebla se convirtió en plaza controlada donde el crimen decide quién vive, quién muere, quién opera y quién paga. Aceptas que tus hijos crecerán con miedo, que salir a celebrar puede costar la vida, que llevar a tus niños al colegio puede terminar en ejecución, que el gobierno responderá culpándote a ti o a la jurisdicción vecina. Aceptas que las promesas de justicia son propaganda, que los autores intelectuales nunca serán detenidos, que la complicidad institucional nunca será investigada, que el cobro de piso seguirá operando como impuesto paralelo que subsidia tu propia captura. Aceptas vivir en un estado donde la ley es decorativa y el poder real lo ejerce quien controla la violencia.
Habrá quienes dirán que este editorial es alarmista, que exagera, que fomenta el pánico. Que Puebla no está tan mal como Tamaulipas o Michoacán. Y técnicamente tienen razón: todavía no estamos ahí. Pero así empezaron todos los estados que cayeron: con negación, con minimización, con promesas de que “se está trabajando”, con culpabilización de víctimas, con empresarios negando extorsión, con congresos legislando sobre todo menos sobre lo urgente, con ciudadanía esperando que el gobierno resuelva lo que no va a resolver porque el sistema actual es funcional para quienes lo administran. La diferencia entre Puebla hoy y Tamaulipas —o cualquier otro estado— es solo de grado, no de naturaleza. Y la ventana para cambiar la trayectoria se cierra rápido.
Los próximos seis meses dirán si Puebla tiene salvación. Si para agosto de 2026 hay autores intelectuales detenidos, estructuras criminales desmanteladas, funcionarios investigados y una estrategia real de seguridad implementada, entonces habrá esperanza. Pero si para agosto seguimos igual —sicarios capturados pero autores intelectuales libres; promesas de justicia pero impunidad consolidada; propaganda oficial pero realidad de violencia; culpabilización de víctimas pero protección del pacto criminal—, entonces el diagnóstico será definitivo: Puebla está perdida para esta generación. Y el único consejo honesto que cualquier periodista podrá dar a familias jóvenes, a profesionistas con movilidad, a padres que pueden elegir, será el más triste pero el más realista: muévete. No como rendición, sino como supervivencia.
Cuando el Estado falla, el crimen avanza. Seis meses. El reloj ya empezó. Muévete.
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