¿Puebla es territorio de cárteles? Franquicias armadas, corredores de fentanilo, alcaldes cooptados y un Estado que llega tarde o no llega. ¿El crimen tiene sitiada la capital poblana o ya gobierna desde adentro?
Puebla de Zaragoza, Puebla. — Seis cuerpos amanecieron en un cerro de Huehuetlán el Grande, a pocos kilómetros del sur de la capital poblana. Nadie los conocía. Nadie escuchó los disparos. La zona no tiene señal. Ese hallazgo no es una anomalía: es la expresión más reciente de un proceso que lleva años desarrollándose en silencio. Puebla dejó de ser territorio de paso. Es hoy un tablero en disputa entre las organizaciones criminales más poderosas del país.
La DEA clasifica a Puebla en su informe 2025 National Drug Threat Assessment como territorio de dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia activa del Cártel de Sinaloa. El CJNG opera mediante franquicias locales —entre ellas Comando Puebla y La Barredora— que extorsionan comerciantes, cobran cuotas a transportistas y administran puntos de distribución de drogas sintéticas en franjas periurbanas y corredores industriales. El Cártel de Sinaloa mantiene una presencia más discreta, predominantemente financiera, en San Martín Texmelucan, Tehuacán, Atlixco y la capital, con operaciones de lavado mediante gasolineras, constructoras y bienes raíces. Ningún municipio del estado queda fuera del radio de influencia de alguna de estas organizaciones.
El símbolo más preciso de la escalada llegó a finales de octubre de 2025: Víctor Gabriel "N", alias El Chamoy, de 18 años, fue detenido en Apizaco, Tlaxcala, transportando en una camioneta robada un arsenal con destino declarado a San Martín Texmelucan: lanzagranadas, granadas, explosivos artesanales adaptados para drones, fusiles de asalto, más de 500 cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas. Texmelucan ha dejado de ser un punto de paso en la ruta Veracruz–Ciudad de México para convertirse en el centro de mando táctico del CJNG en el centro del país. Los explosivos para drones no son el techo de la escalada armada. Son el piso.
El mapa de corredores es preciso y brutal. El eje Puebla–Tehuacán, el corredor Puebla–Orizaba y la franja Acatlán–Huajuapan concentran el tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia el sur y sureste. El triángulo Puebla–Veracruz–Oaxaca —Sierra Negra, Valle de Tehuacán, Tepeaca, Ciudad Serdán— es el territorio de mayor valor estratégico en disputa: ahí convergen el tráfico de precursores químicos, el huachicol y los estupefacientes. La Sierra Norte acumula extorsiones crecientes contra comunidades indígenas sin estrategia estatal visible. Y al sur, en la frontera con Morelos, Guerrero y Oaxaca el CJNG presiona el corredor que controlan Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.
El crimen organizado en Puebla no opera en el vacío. Sin inteligencia financiera, sin investigación ministerial sostenida y sin coordinación interestatal real, el escenario más probable no es una crisis. Es algo peor: la normalización del crimen organizado como forma de poder territorial.
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