La Reforma Electoral busca consenso bajo la bandera del ahorro, según Laura Itzel Castillo. Sin embargo, el desafío es reducir costos sin asfixiar la autonomía del INE. Pero parece que el discurso de austeridad es un disfraz para el control político.
CDMX — La retórica de la austeridad ha encontrado un nuevo megáfono en la Cámara Alta. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, ha puesto sobre la mesa una premisa que, aunque democráticamente impecable en las formas, arroja sombras sobre el fondo de la Reforma Electoral. Al apelar al mayor de los consensos, la legisladora intenta equilibrar una balanza sumamente delicada: la demanda ciudadana de ahorros en las campañas frente a la supervivencia de la autonomía del INE y los partidos de oposición.
El contraste es evidente y peligroso. Por un lado, se utiliza el clamor popular contra el costo de la política para justificar una reingeniería institucional que, bajo el velo de la eficiencia, podría comprometer la independencia del Instituto Nacional Electoral. Castillo Juárez subraya que la ciudadanía exige una reducción en el gasto, pero omite detallar cómo se blindará la operatividad del órgano electoral frente a un recorte que parece más punitivo que administrativo. La mención de un ahorro proyectado de cinco mil millones de pesos en otras áreas, como el límite a pensiones de servidores públicos (artículo 127), sirve como marco para legitimar una narrativa donde la democracia se mide en pesos y centavos, y no en la solidez de sus árbitros.
La postura de la Presidenta del Senado también revela una contradicción en la construcción del diálogo. Mientras invoca el consenso para la materia electoral, lanza un reproche directo a la oposición por haber votado en contra de las últimas ocho reformas constitucionales. Al calificar al actual Legislativo como un Congreso Constituyente, se corre el riesgo de desplazar la pluralidad por una visión hegemónica que confunde el fortalecimiento institucional con el alineamiento total al proyecto del Ejecutivo. Si el Congreso actúa como un órgano refundacional, el margen para el disenso —esencia de cualquier democracia real— se estrecha peligrosamente.
El reto para esta Reforma Electoral será demostrar que el ahorro no es un eufemismo para el control. La autonomía del INE no solo depende de una declaración de intenciones, sino de un presupuesto suficiente que no lo deje a merced de las mayorías de turno. El Consenso que menciona Laura Itzel Castillo no debe ser solo aritmético entre aliados, sino un pacto de Estado que respete el andamiaje que permite, precisamente, que las minorías sigan teniendo voz en el sistema político mexicano.


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