La Cámara de Senadores aprobó con 121 votos la reforma constitucional que reducirá gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030, en medio de la peor crisis de empleo formal que enfrenta México desde la pandemia, con la pérdida de 8,104 empleos en enero de 2026 y la desaparición de 25,992 patrones en el último año.
CDMX — El dictamen, que modifica el apartado A del artículo 123 constitucional, establece una transición de cinco años: la jornada pasará de 48 horas en 2026 a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029, y finalmente 40 horas en 2030. La reforma también endurece el pago de horas extraordinarias, estableciendo un incremento de 100% sobre el salario ordinario para las primeras 12 horas semanales, y 200% adicional para las horas que excedan ese límite.
La aprobación ocurre en el peor momento posible para el mercado laboral mexicano. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en enero de 2026 el país registró una pérdida neta de empleos formales respecto a diciembre de 2025, mientras que la comparación anual muestra un crecimiento anémico de apenas 0.9% que, al descontar los 139,000 trabajadores de plataformas digitales recientemente formalizados, se reduce a un raquítico 0.26%.
Más preocupante resulta la hemorragia de patrones registrados ante el IMSS. En un solo año, desaparecieron 25,992 empleadores, una caída de 2.5% que llevó el total de 1,049,430 a 1,023,438 patrones. Considerando que cada patrón emplea en promedio 21.4 trabajadores, esta cifra anticipa una contracción aún mayor en la generación de empleo formal.
La reforma impactará desproporcionadamente a las microempresas, que representan el 95.5% de las unidades económicas del país y emplean a 10 trabajadores o menos. Para estos negocios —misceláneas, talleres familiares, pequeños comercios— la reducción de jornada sin disminución salarial implica un incremento del 20% en el costo por hora trabajada, sumado a los recientes aumentos al salario mínimo que alcanzó $315.04 pesos diarios ($440.87 en la frontera) y al incremento de días de vacaciones ya aprobado.
El dilema para una microempresa es brutal: con 16.6% menos horas disponibles por empleado, debe contratar personal adicional que no puede costear, reducir horarios de atención perdiendo clientes frente a la competencia informal, o simplemente migrar hacia la informalidad. Esta última opción explica por qué 55.4% de la población económicamente activa ya trabaja en la economía informal, equivalente a 33.8 millones de personas.
La senadora Geovanna Bañuelos defendió la reforma argumentando que "trabajar más horas no significa trabajar mejor", mientras que Óscar Cantón Zetina la calificó como "histórica" al poner a México "en la vanguardia laboral". Sin embargo, Marko Cortés del PAN criticó que se trate de un acto de justicia "a medias" considerando que el 50% de los trabajadores está en la informalidad y la aplicación se posterga hasta 2030.
Un punto de controversia significativo es que la reforma establece solamente "un día de descanso por cada seis días laborales", sin garantizar dos días consecutivos como demandaron senadores de diversos partidos. Cristina Ruíz Sandoval del PRI advirtió que el proyecto "mide el descanso en horas y no en días", permitiendo esquemas laborales de seis días continuos con un solo día libre.
La reforma se remitió a la Cámara de Diputados tras rechazar 18 modificaciones propuestas, incluyendo aquellas que buscaban establecer explícitamente cinco días de trabajo y dos de descanso, así como incentivos fiscales para empresas que implementaran la reducción inmediatamente en lugar de esperar hasta 2030.
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