Sheinbaum exige investigar a candidatos: ¿Por qué la lupa no llega a los funcionarios actuales? La Presidenta Sheinbaum Se Justifica Mientras Morena Protege a personajes señalados como Narco-Gobernadores. ¿impunidad para los que están? Esa es la contradicción en la propuesta de Sheinbaum.

CDMX — Cuando Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido el 5 de febrero de 2026 acusado de extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la pregunta inevitable emergió: ¿qué responsabilidad tiene Morena por haber postulado a este candidato? Porque si la gente de Tequila sabía desde hace muchísimo tiempo lo que estaba pasando, como señalan informes, entonces el partido también lo sabía. Y aun así lo protegió.

El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum apareció en conferencia "insegura, temerosa, a la defensiva", según observadores políticos. Su justificación fue reveladora: "No, no, es que nosotros no investigamos funcionarios, es que mucha gente se me acercó y empresarios me denunciaron". La declaración es una admisión implícita de que el gobierno federal carece de mecanismos proactivos para investigar a sus propios cuadros. Depende de denuncias externas. Sin la presión de José Cuervo, empresa que fue extorsionada por 60 millones de pesos, Rivera Navarro seguiría en funciones.

Ante el escándalo, Sheinbaum propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga "mayor participación" en la fiscalización de candidatos: "Tiene que haber una revisión... una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos. Una vinculación que haya entre el INE y las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales".

La propuesta es una cortina de humo. El INE no tiene facultades de investigación criminal. Es un órgano electoral, no policial. Los partidos políticos son los responsables de vettar a sus candidatos, y Morena sabía quién era Rivera Navarro. Lo postuló precisamente porque sus vínculos con el CJNG garantizaban financiamiento y control territorial.

Pero la hipocresía institucional se vuelve más brutal cuando se observa a quiénes no investiga la presidenta. Si Rivera Navarro debía ser investigado antes de ser candidato, ¿por qué Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública y operador documentado del huachicol fiscal, permanece en funciones? ¿Por qué Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa que se reunió con "El Chapo Isidro" y cuya campaña recibió "maletas de dinero repletas", sigue en el poder? ¿Por qué Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California con visa estadounidense revocada por vínculos con narcotráfico, no enfrenta investigación?

Frente al crimen, la presidenta no sólo está obligada a pedir que se investigue a los candidatos, sino a los gobiernos en funciones. Pero eso no ocurre. Porque investigar a Mario Delgado implicaría reconocer que el huachicol fiscal financió a Morena. Investigar a Rocha Moya implicaría exponer su relación con el Cártel de Sinaloa y Sergio Carmona donde se documentó la entrega de dinero del narco. Investigar a los gobernadores implicaría desmantelar el sistema que sostiene al partido.

Se detiene al alcalde de un municipio de 46,000 habitantes. Se protege al secretario de Estado que operó millones del crimen organizado. Eso no es justicia. Es justicia selectiva. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso aparece "insegura, temerosa, a la defensiva". Porque cada detención de un alcalde vinculado al narco genera la pregunta que no puede responder: ¿Y los gobernadores? ¿Y los secretarios? ¿Y el presidente del partido que ahora dirige la educación de México?

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