La Semar y Seguridad Física de Pemex neutralizan perforaciones herméticas en un operativo coordinado. Pese a las clausuras, la FGR investiga una tendencia al alza delictiva que impacta la seguridad y economía regional desde 2024.

Sierra Norte — La ofensiva institucional contra el mercado ilícito de combustibles en la Sierra Norte de Puebla ha reportado uno de los periodos de mayor actividad operativa en el inicio de este 2026. Durante el primer mes del año, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Armada de México, adscritos a la Región Naval Central, lograron la localización y el sellado de 27 tomas clandestinas. Estas intervenciones técnicas se realizaron bajo un esquema de cooperación con el personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), logrando la inhabilitación inmediata de puntos de extracción que operaban bajo la modalidad de Tomas Clandestinas de Hidrocarburo Herméticas (TCH), diseñadas por grupos delictivos para minimizar fugas detectables y maximizar el robo de producto.

La complejidad geográfica de la Sierra Norte ha sido identificada por las autoridades federales como el factor determinante que facilita el ocultamiento de estas perforaciones ilícitas en los ductos que atraviesan la entidad. El informe oficial destaca que, aunque el aseguramiento de estas 27 válvulas representa un avance significativo, la cifra estatal podría ser considerablemente mayor debido a que otros cuerpos de seguridad mantienen operativos simultáneos fuera de la jurisdicción naval. Ante este escenario, la Fiscalía General de la República (FGR) ha procedido con la integración de las carpetas de investigación correspondientes para desarticular las redes logísticas de las células dedicadas al “huachicol”, las cuales han mostrado una capacidad de resiliencia operativa preocupante.

Este fenómeno delictivo mantiene un crecimiento sostenido desde el año 2024, consolidando a la región como un punto crítico de seguridad nacional. La persistencia de las tomas ilegales no solo se traduce en pérdidas millonarias para el erario público, sino que incrementa de forma exponencial el riesgo de siniestros ambientales y explosiones que amenazan a las comunidades rurales de la zona serrana. El reto para los tres niveles de gobierno durante este 2026 radica en transitar de la clausura reactiva de ductos a una estrategia de inteligencia que frene la reinserción de los grupos criminales en las mismas rutas de distribución, en un entorno donde la vigilancia física se ve limitada por la orografía poblana.

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