México no tiene "infiltración del narco en algunos gobiernos estatales". México tiene gobiernos estatales instalados por el narco. La diferencia no es semántica: es estructural señala EE.UU. Y la evidencia no proviene de teorías conspirativas sino de investigaciones de la Fiscalía General de la República, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de revocaciones de visas y de testimonios de militantes que vieron llegar "maletas de dinero repletas" a casas de campaña.
RG Revista — De acuerdo a diversos inormes, siete gobernadores de Morena —algunos aún en funciones, todos señalados por vínculos con crimen organizado— representan no casos aislados sino el patrón de cómo se construyó el poder territorial del partido entre 2021 y 2024. Todos beneficiarios del esquema Sergio Carmona-Ricardo Peralta-Mario Delgado. Todos instalados con dinero del huachicol fiscal y del narcotráfico. Ninguno investigado formalmente en México. Varios bajo escrutinio de Washington.
Sinaloa es el caso emblemático. Rubén Rocha Moya, gobernador desde 2021, se reunió con "El Chapo Isidro", jefe del Cártel de Sinaloa, para obtener recursos de campaña. No es rumor: una militante de Morena, asistente de delegado del partido en ese estado, declaró públicamente que "llegaban maletas de dinero repletas a la casa de campaña". Rocha Moya gobierna el epicentro del narcotráfico mexicano con financiamiento directo del cártel. Y permanece en funciones, sin investigación, protegido por el sistema que lo instaló.
Baja California presenta un caso aún más explícito. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora desde 2021, tiene su visa estadounidense revocada. La revocación de visa no es un trámite administrativo: es una señal de que Estados Unidos considera que la persona representa amenaza a la seguridad nacional por vínculos con crimen organizado. Su reciente exesposo, Carlos Torres, está investigado por la FGR por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de armas. Torres no era un empresario ocasional: tenía "cierto control sobre las aduanas", lo que facilitaba operaciones de tráfico. Marina del Pilar permanece en el cargo, gobernando un estado fronterizo estratégico, sin visa para cruzar a Estados Unidos.
Colima es quizá el ejemplo más brutal de captura estatal completa. La gobernadora Indira Vizcaíno, en funciones desde 2021, gobierna un estado "completamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación", según analistas de seguridad. Manzanillo, el puerto más importante de Colima, es la entrada principal de precursores químicos para fentanilo. Es también la aduana "más apetitosa para cualquier grupo criminal". Vizcaíno fue beneficiaria directa del esquema Carmona-Peralta-Mario Delgado. "Llegó al poder gracias a ese dinero", según testimonios recabados.
La estela de sangre en Colima vinculada al huachicol fiscal incluye más de 10 asesinatos. El almirante Rubén Guerrero, quien denunció la corrupción de los Farías Laguna, fue asesinado después de que sus superiores compartieran su ubicación. Yanet Nava Ramos, delegada de la FGR en Colima y encargada de investigar el contrabando de hidrocarburos, también fue eliminada. El 31 de enero de 2026, María Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, familiares de Mario Delgado, fueron asesinadas en Colima. Ese mismo día, los tres sicarios fueron abatidos. La eficiencia en eliminar testigos sugiere protección gubernamental.
Guerrero, bajo el gobierno de Evelyn Salgado desde 2021, es uno de los estados más violentos de México. Salgado, hija del exsenador y exsecretario de Gobernación Félix Salgado Macedonio, heredó no solo un apellido sino una estructura política profundamente vinculada al crimen organizado. Las investigaciones no son públicas, pero los señalamientos de vínculos con organizaciones criminales son constantes en análisis de seguridad nacional.
Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021, es un estado controlado por múltiples cárteles en disputa territorial permanente. Ramírez Bedolla enfrenta señalamientos de vínculos con grupos criminales, en un estado donde la frontera entre gobierno y crimen organizado es prácticamente inexistente. La violencia en Michoacán no es un problema que el gobierno enfrenta: es un problema en el que el gobierno participa.
Sonora, bajo el gobierno de Alfonso Durazo desde 2021, presenta una paradoja reveladora. Durazo fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal durante el sexenio de López Obrador, el funcionario encargado de combatir al crimen organizado a nivel nacional. Ahora es gobernador de un estado clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿cómo el exsecretario de Seguridad federal ahora gobierna un estado de tránsito sin que haya resultados en seguridad?
Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal desde 2022, es un estado históricamente controlado por cárteles, con vínculos documentados a redes de huachicol. No es coincidencia que la esposa de Sergio Carmona controle parte del archivo de videos de su esposo desde Tamaulipas, "cobrando su cuota de todo lo que ayudó a Morena". El estado es también territorio de Erasmo González, alcalde de Ciudad Madero y operador financiero junto con Mario Delgado del dinero del huachicol.
El patrón es uniforme: todos fueron instalados en las elecciones de 2021 o 2024. Todos beneficiarios del esquema de financiamiento ilícito. Todos gobiernan estados estratégicos para el crimen organizado —ya sea por puertos, fronteras o producción de drogas—. Ninguno investigado formalmente en México. Varios bajo escrutinio de Washington, que considera que Claudia Sheinbaum está sentada sobre un narcoestado.
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