El caso de Diego Rivera Navarro, alcalde detenido de Tequila, Jalisco, no es un accidente político ni una desviación individual. Es la radiografía cruda de cómo un Ayuntamiento puede transformarse, en tiempo récord, en un dispositivo de presión, intimidación y captura del poder público para fines personales y redes de corrupción.
RG Revista — Lo ocurrido en Tequila trasciende lo local: expone una falla profunda en los mecanismos de control del poder municipal en México.
Rivera Navarro llegó al cargo el 1 de octubre de 2024 bajo el amparo de Morena, con un discurso moral elevado y promesas de transparencia. Catorce meses después, su administración colapsó bajo el peso de al menos ocho denuncias que incluyen extorsión millonaria, abuso patrimonial, violencia política de género y presuntos delitos federales. La brevedad de su gestión no atenúa la gravedad: la acelera.
El primer signo de descomposición fue la apropiación del Museo Nacional del Tequila. Cerrar un inmueble histórico federal, modificarlo sin autorización del INAH y destinarlo a residencia personal y oficinas no es un error administrativo: es una declaración de impunidad. La intervención de la FGR y el aseguramiento del recinto confirmaron que el poder municipal había cruzado una línea que el Estado no podía ignorar.
Pero el verdadero eje del caso es la extorsión sistemática. La denuncia de José Cuervo por la exigencia de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausura reveló un método reiterado: cobros desproporcionados, uso del aparato fiscal como arma y presión directa desde áreas clave del Ayuntamiento. El dato más revelador no es el acuerdo posterior por 17 millones, sino que la empresa acudiera a la vía penal de inmediato. No era un conflicto fiscal: era coerción.
El patrón se repite. El propio Gobierno de Jalisco reconoció que al menos diez empresas más denunciaron prácticas similares. Paralelamente, el Cabildo fue sometido mediante exclusión, amenazas y represalias administrativas. Tres regidoras, incluso de su propio partido, denunciaron violencia política de género, hostigamiento y amenazas contra familiares. La anulación del disenso se volvió política pública.
La detención de Rivera Navarro, junto con tres directores municipales, dentro de la Operación Enjambre, confirma que no se trataba de un alcalde aislado, sino de una estructura operativa. Que la Federación actuara primero —con Sedena, Semar, FGR, SSPC y CNI— es un mensaje inequívoco: el municipio dejó de ser un asunto local cuando se convirtió en un foco de extorsión institucional.
Tequila es un símbolo nacional y una marca global. Que su Ayuntamiento haya sido presuntamente utilizado para extorsionar empresas, intimidar representantes populares y apropiarse de patrimonio histórico no es solo un escándalo político. Es una advertencia: cuando el poder se ejerce sin contrapesos reales, la corrupción no necesita esconderse. Se administra.
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