A una semana del paro en Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta activó 210 unidades provisionales bajo la coordinación de Silvia Tanús, pero usuarios y concesionarios advierten que el servicio es insuficiente y afecta la economía familiar al tener que usar taxis.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El paro de transportistas en Puebla cumplió una semana con efectos visibles en la movilidad urbana y en la economía cotidiana de miles de personas. Aunque el gobierno estatal implementó un esquema emergente para sustituir a las unidades fuera de circulación, la medida ha sido calificada por usuarios y concesionarios como limitada y transitoria.
La administración de Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte encabezada por Silvia Tanús, desplegó 210 unidades provisionales y habilitó 14 puntos temporales de taxis colectivos. El objetivo es cubrir la ausencia de cerca de 20 mil unidades que no operan por incumplir con la revista vehicular y el proceso de reemplacamiento. Sin embargo, en la práctica, la cobertura resulta reducida frente a la demanda diaria de la capital y su zona metropolitana.
Usuarios reportan tiempos de espera prolongados, traslados incompletos y saturación en las rutas emergentes. En días recientes, algunos trabajadores y estudiantes tuvieron que recurrir a taxis o plataformas digitales, con cobros que alcanzaron hasta 400 pesos por trayectos hacia el Centro Histórico. Aunque las unidades temporales mantienen la tarifa regular de 8.50 pesos, su número no compensa la magnitud del servicio suspendido.
Concesionarios inconformes sostienen que no existe un diálogo efectivo con la autoridad y que la estrategia gubernamental no resuelve el problema estructural de movilidad. Incluso promovieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación al considerar vulnerado su derecho al trabajo. Mientras tanto, las rutas provisionales operan hacia zonas del sur de la ciudad y municipios como Coronango, Cholula y Amozoc, sin lograr estabilizar completamente el sistema.
El esquema emergente funciona como contención temporal ante la crisis, pero no sustituye la red de transporte regular ni resuelve el conflicto de fondo entre autoridades y concesionarios. La movilidad en Puebla continúa en tensión, con impactos directos en la productividad y en la vida diaria de la población.
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