El presidente Donald Trump exigió 1.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard por presuntos daños, tras negar un reporte de The New York Times. El choque se da en Estados Unidos, en su segundo mandato, con fondos federales y acusaciones de antisemitismo en disputa.
USA — La relación entre la Casa Blanca y una de las universidades más influyentes del mundo volvió a tensarse esta semana, cuando el presidente Donald Trump elevó su ofensiva contra la Universidad de Harvard con una exigencia económica sin precedentes. Desde su red Truth Social, el mandatario reclamó una compensación de 1.000 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios, y negó cualquier interés en mantener vínculos futuros con la institución académica.
El pronunciamiento ocurrió después de que The New York Times informara que el gobierno estadounidense había desistido de reclamar 200 millones de dólares para cerrar el contencioso con Harvard. Trump calificó esa versión como falsa y acusó al diario de difundir información deliberadamente incorrecta, extendiendo su confrontación no sólo con la universidad, sino también con el medio de referencia.
El conflicto se remonta al inicio del segundo mandato de Trump, cuando ordenó congelar más de 2.000 millones de dólares en fondos federales otorgados a Harvard, bajo el argumento de que la institución promovía políticas antisemitas. La decisión formó parte de una estrategia más amplia que también alcanzó a otras universidades, aunque fue posteriormente revertida por tribunales federales.
Lejos de desescalar, la disputa se profundizó. El presidente sostuvo que las acciones de Harvard deberían encuadrarse en el ámbito penal y no civil, al tiempo que recordó que buena parte de su actividad académica depende de recursos federales. En paralelo, el denominado Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por la actual administración, acusó a la universidad de prácticas de discriminación positiva y de restringir lo que el gobierno define como diversidad de ideas.
A comienzos de 2025, el Ejecutivo exigió a Harvard supervisar admisiones, contrataciones e ideologías de estudiantes y personal, una imposición que la universidad rechazó. La negativa derivó en nuevos intentos de presión, incluida la propuesta de prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros, iniciativa que también fue bloqueada judicialmente tras una demanda del centro, que advirtió sobre el impacto del recorte de fondos en investigaciones médicas, científicas y tecnológicas.
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