La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó 6-3 el uso de una ley de emergencia para imponer aranceles, pero Donald Trump anunció nuevos gravámenes de hasta 15 %. El presidente defendió su política comercial pese a cuestionamientos económicos.
USA — La disputa por la política comercial volvió al centro del escenario en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema resolviera, por seis votos contra tres, en contra del uso de una ley de emergencia internacional para justificar la imposición de aranceles. Lejos de moderar su postura, el presidente Donald Trump reafirmó su intención de mantener e incluso ampliar los gravámenes.
Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario minimizó el alcance del fallo y aseguró que su administración cuenta con otras vías legales para sostener la política arancelaria. “Tenemos otras maneras, muchísimas más”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la recaudación obtenida por los aranceles ha superado “cientos de miles de millones” de dólares, pese a que diversos análisis independientes han cuestionado la magnitud y el destino real de esos ingresos.
Al cierre del viernes anunció un nuevo paquete que incluía un arancel general del 10 %. Un día después, elevó la tasa al 15 %, el máximo permitido bajo la nueva disposición legal invocada. A través de Truth Social, anticipó que en los próximos meses su administración determinará y emitirá gravámenes adicionales conforme al marco jurídico vigente.
Para el presidente, los aranceles representan un instrumento para revertir los efectos de la globalización, incentivar el retorno de la manufactura y reducir el déficit comercial. Sin embargo, la evidencia económica disponible hasta ahora muestra un panorama más complejo: en lugar de un traslado masivo de plantas productivas a territorio estadounidense, se ha observado una reconfiguración de cadenas de suministro y mayores costos para importadores y consumidores.
El choque entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal expone no solo un debate jurídico sobre facultades en materia comercial, sino también una disputa sobre el modelo económico que debe prevalecer. Mientras la administración insiste en profundizar la estrategia arancelaria, los mercados y el sector empresarial enfrentan un escenario de incertidumbre regulatoria y costos crecientes.
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