El 13 de enero de 2026, representantes del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos se reunieron con las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Ciudad de México. No fue una reunión de cortesía. Fue una reunión de exigencias. Días después, hubo cambios masivos en la Fiscalía General de la República, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina.
RG Revista — Mäs todavía, el 1 de febrero, Adán Augusto López renunció a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. El 5 de febrero, el alcalde de Tequila fue detenido. No son coincidencias. Es presión de Washington convertida en acción.
Estados Unidos ya no pide. Exige. Y tiene las herramientas para hacerlo: videos incriminatorios, testimonios de narcotraficantes colaboradores, investigaciones del Departamento de Justicia, acusaciones federales en cortes de Texas, revocación de visas y amenaza de congelación de activos. México debe elegir entre cooperar o enfrentar sanciones. Y Claudia Sheinbaum está eligiendo cooperar, aunque selectivamente.
Posterior a la reunión del 13 de enero, la presidenta Sheinbaum convocó a una reunión en Palacio Nacional con más de una docena de personajes del mundo político morenista. Participaron, entre otros, Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), Omar García Harfuch (secretario de Seguridad), y funcionarios señalados por investigaciones de Estados Unidos. Según testimonios filtrados, la presidenta les comunicó: "Señores, sí existe una lista y está siendo sujeta a investigación. No quiere decir que todos los de la lista sean culpables, simplemente son sospechosos de haber podido cometer algún ilícito que los americanos están investigando. Esa lista está compuesta por todos los que están aquí. Por eso los cité para que se cuiden".
La lista existe. Y Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, está en los "primeros tres". Según información de una persona muy cercana a la familia Delgado, Mario le dijo a allegados —algunos a través de un notario que le está ayudando a "poner sus cosas en orden"— que "sí está en la lista". Sabe que puede ser detenido, extraditado, o "que pase otra cosa". Y por eso se prepara.
Pero la lista no es solo nombres. Es evidencia. Estados Unidos tiene en su poder los videos de la casa de Sergio Carmona en San Pedro Garza García. Julio Carmona, hermano de Sergio y testigo protegido, entregó "un paquete de videos" a autoridades estadounidenses. Se habla de que son "un par de cientos", cada uno correspondiente a un candidato que recibió dinero del huachicol fiscal y del crimen organizado. En esos videos aparece Mario Delgado "sentado en la sala, recibiendo y repartiendo el 'pastel'".
No es solo el archivo de Carmona. Estados Unidos tiene testimonios. Los Mayos y los Chapos, facciones del Cártel de Sinaloa ahora en guerra interna, han estado hablando con autoridades estadounidenses. Han proporcionado información sobre cómo operaba el financiamiento político, quiénes recibían dinero, cómo se instalaban gobernadores. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aparece en esos testimonios: reunión con "El Chapo Isidro", maletas de dinero llegando a la casa de campaña.
Estados Unidos también tiene acusaciones federales formales. En la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, existe una acusación contra Alejandro Robirosa, empresario tabasqueño, por pago de sobornos a funcionarios de Pemex. Robirosa no operaba solo. Su red conecta a Ulises, otro tabasqueño que acercaba empresarios a Adán Augusto López, y a Erik Núñez Albarrán, auditor de Pemex y miembro de la red de Andy López Beltrán. Las complicidades llegan al más alto nivel: el hijo del expresidente, el exsecretario de Gobernación, y empresarios que pagaban sobornos para contratos petroleros.
La revocación de visas es otra herramienta. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, tiene su visa estadounidense revocada. Eso no es un trámite burocrático: es una señal de que Estados Unidos considera que representa amenaza a la seguridad nacional por vínculos con crimen organizado. Su exesposo, Carlos Torres, está investigado por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Marina del Pilar gobierna un estado fronterizo sin poder cruzar la frontera.
La amenaza más contundente, sin embargo, es la congelación de activos. En la reunión de Palacio Nacional, según testimonios, se advirtió que si los personajes en "la lista" realizan movimientos sospechosos, habrá "congelación inmediata de activos y de cuentas bancarias de todo su entorno de maniobra". No se trata solo de investigaciones penales. Es una amenaza financiera que paraliza operaciones. Y la pregunta clave es: ¿quién ejecutaría esa congelación? ¿El SAT mexicano o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? La respuesta más probable es: ambos, coordinados.
Estados Unidos no solo presiona con investigaciones. También instala personal de confianza en puestos clave. El nuevo general encargado de la Tercera Región Militar —que cubre el triángulo dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua, epicentro de operaciones de cárteles— es un personaje que estuvo como agregado militar de la Embajada Mexicana en Washington. No es casualidad. Es coordinación. Washington está colocando en posiciones estratégicas a personal con el que ya trabajó.
La reunión del 13 de enero con el Comando Norte no fue aislada. Fue seguida de la suspensión de entrega de petróleo a Cuba, un aliado histórico de López Obrador. Suspender el petróleo a Cuba es una señal de alineamiento con Washington y una ruptura simbólica con la política "soberanista" del expresidente. Sheinbaum está cediendo en temas clave de política exterior para mantener la relación con Estados Unidos.
La Operación Enjambre, que resultó en la detención del alcalde de Tequila, es otro ejemplo de coordinación. No fue una operación municipal ni estatal: fue federal, con participación de Sedena, Semar, FGR y CNI. Y fue ejecutada en el marco de la "Estrategia Nacional contra la Extorsión", una estrategia que responde a presiones de Washington para demostrar que México combate la infiltración criminal en gobiernos locales.
El caso Ryan Wedding, narcotraficante canadiense con operaciones en México, también forma parte de esta presión. Es un caso de alto perfil investigado por Estados Unidos que se usa para justificar exigencias sobre autoridades mexicanas que no colaboran. Casos como este son usados por Washington para señalar: "Si no actúan, nosotros actuaremos".
Las investigaciones de Estados Unidos sobre Mario Delgado se centran en dos líneas: su rol en la instalación de gobernadores en 2021 con dinero del crimen organizado, particularmente Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Marina del Pilar en Baja California; y su operación como distribuidor de recursos del huachicol fiscal entre decenas de candidatos. Ambas líneas están documentadas con videos, testimonios y movimientos financieros rastreados.
La presión de Washington también explica la caída de Adán Augusto López. Aunque en México "no hay investigación abierta" contra él —según declaró Sheinbaum— en Estados Unidos sí la hay. Y esa investigación incluye su relación con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, a quien nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco. También incluye su red de compadres vinculados al huachicol: Saúl Vero Ochoa, Juan Pablo Vega Arriaga, Eduardo Laguna. Y su rol en la instalación de gobernadores en 2021 con dinero del crimen.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a César Morfín Morfín, alias "El Primito", como epicentro del huachicol fiscal. Morfín no solo roba combustible: lo convierte en recursos políticos. Y tiene conexiones directas con Arnoldo Ramírez, el heredero de Sergio Carmona que fue desbarrancado en Colima. No hay coincidencias: hay operaciones rastreadas, documentadas, investigadas.
Estados Unidos sostiene que Claudia Sheinbaum está parada sobre un narcoestado. No es retórica. Es diagnóstico basado en evidencia: gobernadores financiados por cárteles, secretarios de Estado operando huachicol fiscal, coordinadores parlamentarios protegiendo redes criminales, alcaldes como brazos políticos de organizaciones delictivas. El crimen organizado no está "infiltrado" en el Estado: es parte del Estado.
Y Washington tiene las pruebas. Tiene los videos, los testimonios, las acusaciones formales, las cuentas rastreadas. Puede congelar activos, revocar visas, exigir extradiciones. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso la reunión en Palacio Nacional. Por eso la advertencia: "Cuídense, están en la lista". Por eso las purgas selectivas: se quita a quien ya no se puede proteger, se conserva a quien aún es útil.
Pero el equilibrio es insostenible. Porque Washington no va a detenerse. Y Morena no puede desmantelarse sin colapsar. La pregunta no es si habrá más caídas. La pregunta es quién caerá primero. Y quién, para salvarse, decidirá hablar.
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