La captura institucional del Estado mexicano tiene nombre y apellido: Adán Augusto López Hernández. Gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021, secretario de Gobernación entre 2021 y 2024, y coordinador de la bancada de Morena en el Senado hasta el 1 de febrero de 2026.
RG Revista — López representa el caso paradigmático de cómo un político no solo se vincula con el crimen organizado, sino que le entrega el aparato de seguridad del Estado.
El caso es simple y devastador: Adán Augusto López nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Bermúdez no era un funcionario con vínculos ocasionales al crimen: era el líder de La Barredora, una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba tráfico de migrantes, armas y fentanilo. Desde la secretaría de Seguridad Pública —es decir, desde el puesto diseñado para combatir el crimen— Bermúdez controló y dirigió las operaciones criminales en todo el estado.
La Barredora no era una célula menor. Operaba con estructura corporativa, control territorial y protección institucional. Y esa protección provenía directamente del gobernador, quien no solo nombró a Bermúdez sino que construyó a su alrededor una red de compadres y socios que facilitaban las operaciones. Saúl Vero Ochoa, propietario de navieras investigadas por la FGR, es compadre de Adán Augusto. Juan Pablo Vega Arriaga, dueño de otra naviera bajo investigación, también. Eduardo Laguna, concesionario del muelle de Tampico donde llegaban los buques del huachicol, formaba parte del mismo círculo.
Pero la red de Adán Augusto López no se limitaba a Tabasco. Como coordinador político nacional de Morena y posteriormente como secretario de Gobernación, operó la instalación de gobernadores en la costa del Pacífico durante las elecciones de 2021. Trabajó junto con Ricardo Peralta Saucedo —el exadministrador de aduanas— y Sergio Carmona para canalizar recursos del huachicol fiscal y del crimen organizado hacia candidaturas estatales. Casualmente, todos esos gobernadores instalados en 2021 eran "alfiles directos" de Adán Augusto, y sus mandatos terminan en 2027, justo cuando se disputarán 17 gubernaturas en la elección más grande de la historia moderna de México.
El poder de Adán Augusto dentro de Morena era tal que se le describía como "general de cinco estrellas". Controlaba candidaturas, distribuía recursos, negociaba con gobernadores. Era, en palabras de analistas políticos, "el elemento clave que une a la política con la criminalidad". Y no es retórica: las investigaciones de Estados Unidos documentan cómo la red de Adán Augusto conectaba directamente el financiamiento del crimen organizado con la movilización electoral.
AMLO sabía del nivel de compromiso de Adán Augusto con operaciones ilícitas y decidió distanciarse. Pero la protección no desapareció por completo. Cuando las investigaciones sobre La Barredora escalaron y Bermúdez Requena fue señalado por autoridades estadounidenses, Adán Augusto permaneció intocado.
El 1 de febrero de 2026, Adán Augusto López renunció a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. No porque fuera investigado en México —Claudia Sheinbaum declaró públicamente que "no hay investigación abierta" contra él— sino porque se volvió "políticamente insostenible". El factor que provocó su caída no fue la justicia mexicana, sino Washington. Días antes, el 13 de enero de 2026, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos se reunió con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Inmediatamente después, hubo cambios masivos en la FGR, Sedena y Semar. Adán Augusto cayó como parte de esa oleada.
Pero cayó protegido. Se fue con fuero, sin investigación formal en México, degradado de "general de cinco estrellas" a "delegado electoral" encargado de tareas menores. Fue reemplazado por Ignacio Mier, un político considerado menos "malicioso" pero igualmente parte del círculo original de López Obrador. La purga fue selectiva: se quitó a quien estorbaba, no para hacer justicia, sino para que no estorbara más.
Adán Augusto López está envuelto en escándalos que van más allá de La Barredora. Se le señala por incrementos patrimoniales inexplicables: una partida presupuestal que pasó de 8 millones a 894 millones de pesos para la compra de libros de AMLO, y 79 millones de pesos omitidos en declaraciones al SAT. Pero sobre todo, está el expediente que realmente importa: las investigaciones en Estados Unidos que documentan su rol como operador político y la relación con el crimen organizado.
El caso de Adán Augusto López no es el de un político corrupto que se vinculó ocasionalmente con criminales. Es el caso de un político que entregó el Estado al crimen organizado, que nombró al jefe del cártel como secretario de Seguridad Pública, que operó el financiamiento ilícito de decenas de campañas, que construyó una red de compadres y socios que facilitaban huachicol, tráfico y lavado de dinero. Y que ahora cae, no por justicia, sino por presión estadounidense. Mientras en México, oficialmente, no pasa nada.
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