Un día después de la asamblea en San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta respondió el 9 de marzo de 2026 a los opositores al Polo de Economía Circular: les ofreció llevarles "un par de camiones de basura al patio" si tienen mejor solución y advirtió que "oponerse por oponerse ya es obstrucción a la autoridad y es un delito".
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El gobernador Alejandro Armenta Mier respondió este lunes a la asamblea vecinal de San José Chiapa con tres argumentos que, en conjunto, esbozan la posición del gobierno ante cualquier oposición que no venga acompañada de una alternativa técnica: quien no proponga está en falta, la ciencia ya resolvió el debate y, en el límite, oponerse puede ser un delito. "Si se oponen es porque tienen un método de trabajo mejor", dijo el mandatario. "Si nos permiten el patio de su casa, les llevamos un par de camiones de basura y que nos digan qué método tienen para resolver el problema". La frase, que el propio gobernador aclaró que no era "broma ni burla", pone en términos domésticos una crisis que tiene dimensiones metropolitanas: Puebla genera, según las propias cifras del gobernador, 1,200,000 toneladas de residuos al año.
El argumento del patio tiene un problema de fondo: los vecinos de San José Chiapa no dijeron no a la gestión de residuos. La asamblea del domingo fue explícita en ese punto — los organizadores aclararon que su movimiento "no se opone al reciclaje ni a los modelos de economía circular". Lo que exigen es consulta ciudadana previa sobre un proyecto de gran escala, respuestas sobre el impacto en los mantos acuíferos de la Cuenca Oriental y una explicación sobre el relleno sanitario que se incendió el 24 de febrero y cuyos camiones, según los vecinos, siguieron operando mientras el humo no se había extinguido del todo. Ninguna de esas preguntas apareció en la respuesta del gobernador del lunes.
Armenta también invocó la autoridad científica de la presidenta Claudia Sheinbaum —a quien describió como "científica, ambientalista, ingeniero"— para cerrar el debate técnico: "ya les explicó cómo se va a transformar los desechos orgánicos e inorgánicos. Es la ciencia, es la razón. No hay argumento para oponerse". El recurso es conocido en el hilo de este debate: la misma lógica operó con el cablebús, donde el gobernador invocó una "metodología científicamente probada" como respaldo para un proyecto cuyo plan de compensación ambiental, según revelaron los propios ambientalistas en la reunión del martes, es un documento de la empresa constructora Doppelmayr México que la Secretaría de Medio Ambiente estatal aún no ha validado. Declarar que la ciencia ya resolvió un debate no es lo mismo que mostrar los documentos técnicos que lo prueban.
La declaración más grave de la conferencia fue la que el gobernador dejó para el cierre: "oponerse por oponerse ya es obstrucción a la autoridad y es un delito. Generar obstrucción al cumplimiento de un derecho o de una obligación es un delito". La figura de obstrucción a la autoridad existe en el derecho penal mexicano, pero su aplicación requiere actos concretos que impidan físicamente el ejercicio de funciones de servidor público —no la protesta pacífica, la recolección de firmas o la presentación de un expediente ante las autoridades, que son exactamente las acciones que los vecinos de San José Chiapa realizaron el domingo. Los artículos 6 y 9 de la Constitución Política mexicana protegen la libre manifestación de ideas y el derecho de reunión pacífica. Llamar potencial delito a la oposición ciudadana organizada, sin que medie un acto de obstrucción material demostrable, es una señal que los propios afectados —y sus abogados— tendrán que tomar en cuenta.
El patrón de respuestas de Alejandro Armenta, tiene ahora una progresión documentada. Ante los ecologistas del cablebús: "los escucho a la distancia". Ante los líderes ambientalistas: "demuestren su huella ambiental". Ante los vecinos de San José Chiapa: "oponerse por oponerse es un delito". Cada respuesta escala el tono respecto a la anterior. Lo que no ha escalado, en ninguna de las tres, es la transparencia: el proyecto ejecutivo del cablebús sigue sin entregarse, la consulta ciudadana sobre el Polo sigue sin convocarse y el incendio del 24 de febrero sigue sin investigación pública conocida.
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