El coordinador de Gabinete José Luis García Parra anunció el 9 de marzo de 2026 que los obstáculos identificados en el trazo del cablebús bajaron a menos de un tercio de los 350 reportados la semana anterior; el gobernador Armenta insinuó que la oposición responde a intereses ligados al huachicoleo en el transporte público.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. El gobierno del estado registró este lunes una nueva entrega de cifras sobre el impacto del cablebús en el arbolado urbano de Puebla. El coordinador de Gabinete José Luis García Parra informó que el análisis de cinemática de las líneas entre las 9 estaciones y las 90 torres del sistema avanzó durante la semana y redujo la cantidad de obstáculos identificados a menos de una tercera parte de los 350 reportados el 2 de marzo. Sin precisar el número exacto, la aritmética indica menos de 117 objetos. El coordinador adelantó que el jueves próximo se realizará una mesa técnica entre la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa a cargo del proyecto, tras la cual el gobernador presentará los alcances "prácticamente definitivos" del impacto sobre el entorno.
La cifra, sin embargo, genera una inconsistencia que el coordinador no explicó. El 2 de marzo, García Parra señaló que se habían identificado inicialmente 752 obstáculos en el trazo. Este lunes, refiriéndose al mismo punto de partida, indicó que la cifra inicial había sido 854. Son dos números distintos para el mismo concepto —los obstáculos totales detectados al inicio del estudio— y ninguna declaración pública ha explicado la diferencia. El historial completo de cifras en este debate ya suma cuatro variaciones desde el 1 de marzo: 746 árboles en la primera rueda de prensa, 980 según los manifestantes, 752 u 854 como punto de partida del análisis de cinemática y menos de 117 como resultado actualizado. Que la cifra baje puede reflejar un proceso técnico en curso; que la cifra de origen cambie sin aclaración dificulta cualquier verificación independiente del porcentaje real de reducción.
Vale también señalar un desplazamiento semántico que se ha consolidado en las últimas intervenciones de García Parra: el debate ya no habla de "árboles" sino de "obstáculos en la trayectoria", categoría que incluye antenas, postes de la Comisión Federal de Electricidad, espectaculares, cables de telefonía y, entre ellos, los árboles. El número de ejemplares arbóreos afectados específicamente es, por tanto, potencialmente menor al total de obstáculos que se reporta. Esa distinción no ha sido desagregada públicamente: el gobierno no ha informado cuántos de los menos de 117 obstáculos actuales corresponden a árboles y cuántos a otra infraestructura.
En materia de movilidad, García Parra precisó datos que amplían el perfil del proyecto: 90,000 usuarios diarios —frente a una cifra de 20,000 que circulaba en redes y que calificó de falsa—, 2.7 millones de usuarios mensuales, un ahorro de hasta una cuarta parte del costo actual de transporte y tiempos de traslado de entre 15 y 30 minutos desde La Resurrección, en el nororiente de la ciudad, hasta el CIS Angelópolis en el sur. Añadió que el gobernador instruyó habilitar una modalidad de cabinas exclusivas para mujeres y niños, en línea con el argumento de seguridad que el gobierno ha sostenido desde el inicio del debate.
Fue el propio gobernador quien cerró la ronda con el señalamiento más cargado políticamente de toda la conferencia. Armenta afirmó que existen "intereses que rompen el negocio" detrás de la oposición al cablebús, aludiendo al sistema de concesiones de transporte público que el nuevo medio desplazaría. Fue más lejos: señaló que "la famosa RUTA fue el negocio del gobernador en turno" y que "Puebla pasó a ser el estado huachicolero", insinuando que el sistema RUTA —el transporte articulado de la capital— se habría financiado con el robo de hidrocarburos. El gobernador al que aludía, sin nombrarlo, es el panista Rafael Moreno Valle Rosas, fallecido en 2018, bajo cuya administración se construyó y operó ese sistema. La insinuación, respaldada en la frase "lo publicaron muchos medios de comunicación", no viene acompañada de expediente ni resolución judicial, pero su función en el debate es precisa: trazar una cadena que el gobierno lleva semanas construyendo pieza por pieza. El coordinador García Parra acusó que la marcha del 1 de marzo fue convocada por el PAN, "la derecha". Este lunes, Armenta añade el eslabón siguiente: el PAN operó RUTA, RUTA fue financiada con huachicoleo, y quienes hoy se manifiestan contra el cablebús defienden, implícitamente, ese negocio criminal. Es una cadena de insinuaciones sin sentencia judicial que conecta la protesta ecologista pacífica con "la derecha", primero, y hoy con "el crimen organizado". Es también el escalón más alto en la estrategia de descalificación que se ha documentado desde el 1 de marzo.
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