El alcalde de Puebla José Chedraui Budib anunció que modificará la Carta Urbana para viabilizar el cablebús, pues la normativa vigente prohíbe expresamente la construcción de teleféricos y terminales de transporte en parques y áreas verdes como el Parque Juárez.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó lo que los manifestantes del domingo llevaban días afirmando: que el proyecto del cablebús choca con la normativa urbana vigente. Sin llamarlo así, el alcalde reconoció que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable —que tiene fuerza de ley en el territorio capitalino— prohíbe de manera expresa la instalación de teleféricos, terminales de transporte aéreo regular y estaciones de transporte de ruta fija en zonas como parques y áreas verdes. Su solución, anunciada sin rodeos: "La Carta Urbana se modificará, y lo que sea necesario, para que la gente tenga un transporte correcto".
La declaración tiene un peso jurídico que va más allá de la voluntad política del alcalde. La Carta Urbana es el instrumento cartográfico que define con precisión qué usos de suelo están autorizados, restringidos o prohibidos en cada zona de la ciudad: vivienda, comercio, industria, áreas verdes. Cuando ese instrumento prohíbe los teleféricos en parques, el proyecto del cablebús —cuyo trazo pasa por el Parque Juárez— no tiene, hoy, sustento legal en el ámbito municipal. Chedraui no lo negó; anunció que esperará los estudios de impacto ambiental del gobierno estatal para entonces arrancar el proceso de modificación. Es decir: la obra primero, la legalidad después.
El patrón que se consolida en este episodio es el mismo que los amparistas habían denunciado desde el inicio. A nivel estatal, el Congreso de Puebla ya reformó la Ley de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas y la Ley de Transporte para permitir el encalado de árboles y viabilizar el cablebús. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, invocó esas mismas reformas como respaldo legal del proyecto. Ahora el municipio anuncia que hará su parte: ajustar la Carta Urbana para eliminar la prohibición que obstaculiza las obras. En todos los casos, es el marco normativo el que se mueve para adaptarse al proyecto, no el proyecto el que se ajusta al marco normativo. Ese es precisamente el argumento central de los dos amparos ya interpuestos y del juicio de garantías colectivo en preparación.
Mientras el alcalde hablaba, tres dependencias municipales ignoran el tema: la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, la Secretaría General de Gobierno de Puebla y la propia oficina de la presidencia municipal declinaron pronunciarse, bajo el argumento de que la obra la encabeza el gobierno estatal y solo ese nivel puede opinar. La justificación es técnicamente cuestionable: la Carta Urbana es un instrumento municipal, y la competencia para modificarla recae en el Ayuntamiento de Puebla, no en el estado. El silencio de las secretarías mientras el presidente municipal se expone solo puede leerse como descoordinación institucional.
Con las palabras de Chedraui, el debate sobre el cablebús en Puebla adquiere una dimensión que ya no puede eludirse: no se trata solo de cuántos árboles se retiran ni de si la reforestación compensa el daño. Se trata de si un proyecto de infraestructura puede avanzar mientras las normas que lo prohíben se reescriben en tiempo real para abrirle paso. Los jueces que resolverán los amparos tendrán sobre la mesa, ahora, las palabras del propio alcalde.
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