El director del organismo de limpia de Puebla, Omar Rodríguez Corte, interpretó la ausencia de un dictamen de Profepa como una exoneración del Relleno Sanitario del Chiltepeque; vecinos de Santo Tomás Chautla y el Movimiento Humano para el Medio Ambiente lo desmienten: la investigación está en curso y espera la temporada de lluvias.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA — Hay una forma de administrar la incertidumbre que resulta más cómoda que esperar la verdad: declarar que lo que aún no se sabe equivale a lo que uno quisiera que fuera cierto. El director del Organismo Operador de Servicio de Limpia del municipio de Puebla, Omar Rodríguez Corte, recurrió a esa lógica al referirse a la situación del Relleno Sanitario del Chiltepeque, ubicado en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla dentro de la capital poblana y principal sitio de disposición final de residuos de la zona metropolitana. "No nos han notificado", "es que prácticamente están exonerados", declaró el funcionario. Con esa afirmación, transformó el silencio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un veredicto favorable que la propia Profepa no ha emitido.
Marciano Navarro, vecino de la comunidad más próxima al basurero y portavoz de quienes monitorean el caso, desmintió al funcionario con precisión. La Profepa sí recorrió el relleno sanitario, sí recabó pruebas y sí recibió documentación entregada por los propios pobladores. Si no ha emitido dictamen, explicó Navarro, es porque la procuraduría espera deliberadamente la temporada de lluvias: es entonces cuando los lixiviados —líquidos contaminantes generados por la descomposición de los residuos— migran hacia los mantos freáticos y los ojos de agua cercanos, donde su presencia puede medirse y documentarse.
El colectivo Yo seré su voz en defensa de los animales y medio ambiente, a través de su representante Darinel Kelle, añade un elemento que endurece la posición ciudadana: la existencia de lixiviados no es solo una sospecha en espera de validación, sino un hecho que ya fue documentado en una demanda formal. Si esa documentación prospera, el argumento del funcionario municipal —que la ausencia de notificación equivale a exoneración— quedará no solo desmentido, sino jurídicamente revertido.
El caso del Chiltepeque no es una anomalía en el mapa de la gestión de residuos en Puebla: es su expresión más visible en la zona metropolitana. El estado opera actualmente 11 rellenos sanitarios legales, pero enfrenta al menos cinco veces más tiraderos clandestinos sin control. De esos 11 rellenos formales, solo cuatro tienen una vida útil mayor a 10 años: los de Ajalpan, Chignahuapan, Libres y San Martín Texmelucan. El resto está saturado, clausurado o en riesgo. Sitios como los de San Pedro Cholula, Tehuacán y Huejotzingo ya fueron cerrados. En la Sierra Norte, municipios como Huauchinango y Xicotepec de Juárez enfrentan problemas de gestión y contaminación de acuíferos que no están documentados oficialmente. La basura de Puebla no tiene, en su mayor parte, a dónde ir de manera legal, controlada y con seguimiento ambiental.
Es en ese contexto donde el gobernador Alejandro Armenta Mier ha prometido resolver la herencia de "concesiones leoninas" y rellenos sanitarios deficientes mediante proyectos de economía circular. El argumento es legítimo como diagnóstico. La pregunta que ese diagnóstico no responde todavía es cómo se gestionan los once rellenos actuales —incluido el Chiltepeque— mientras la solución prometida llega. Marciano Navarro les pidió a sus vecinos que no politicen el tema y que esperen los resultados de Profepa. Es una petición razonable. Lo que no es razonable es que un funcionario municipal declare exonerado un relleno que la propia agencia federal, según los propios vecinos, todavía investiga.
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