El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos desde el 14 de febrero impacta a la TSA, con miles de agentes sin salario. Aeropuertos como Houston y Atlanta registran demoras de hasta tres horas en plena temporada vacacional.
EE.UU. — La operación de los principales aeropuertos de Estados Unidos enfrenta una presión creciente tras el cierre parcial del gobierno federal iniciado el pasado 14 de febrero, una medida que ha golpeado directamente al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración de Seguridad en el Transporte. La afectación se refleja en retrasos, saturación de terminales y una disminución en la capacidad operativa de los filtros de seguridad.
Alrededor de 50 mil agentes de la TSA continúan trabajando como personal esencial sin recibir salario, lo que ha derivado en un aumento del ausentismo y en renuncias. Más de 400 agentes han abandonado sus puestos desde el inicio del cierre, mientras que las ausencias por enfermedad superan el 10% en promedio, alcanzando hasta 21% en algunos aeropuertos de alta demanda.
La reducción de personal ha obligado al cierre temporal de puntos de control, generando tiempos de espera de hasta tres horas. En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston se reportan retrasos de hasta 150 minutos, mientras que en el Hartsfield-Jackson de Atlanta las filas superan las dos horas. La situación también afecta terminales en Nueva Orleans, Nueva York, Charlotte, Miami y Denver, donde los pasajeros enfrentan incertidumbre y cancelaciones.
El contexto se agrava por el periodo vacacional de primavera, que incrementa el flujo de viajeros y tensiona aún más la infraestructura aeroportuaria. Autoridades de la TSA han advertido que, si el cierre se prolonga, podría derivar en la suspensión total de operaciones en aeropuertos de menor tamaño. En la misma línea, el secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que el sistema aéreo podría detenerse por completo.
En contraste, cerca de 20 aeropuertos que operan bajo esquemas privatizados mantienen tiempos de espera menores a tres minutos, al contar con personal remunerado por empresas privadas. Ante la crisis, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para reforzar la seguridad, mientras el Congreso continúa sin lograr un acuerdo presupuestal que permita restablecer plenamente las operaciones federales.
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