Greenpeace México y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México documentan que un derrame petrolero afecta 630 kilómetros del litoral del Golfo de México, con impacto total en el Corredor Arrecifal del Suroeste. El chapopote sigue llegando a costas de Veracruz y Tabasco sin atención real.
MÉXICO — El Golfo de México lleva semanas recibiendo chapopote en sus costas y la versión oficial sigue siendo más manejable que la mancha misma. Con 51 sitios ya contaminados —los más recientes en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, registrados por primera vez el 18 de marzo— el desastre ha rebasado cualquier cifra que los comunicados gubernamentales se atrevan a admitir. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México lo nombró sin ambages: un desastre ambiental.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a contener el daño político con una narrativa de culpa delegada: el derrame fue causado por un barco privado, y si Petróleos Mexicanos (Pemex) limpia, es por generosidad institucional, no por responsabilidad. "No es derrame de Pemex", afirmó, aunque instruyó al director general Víctor Rodríguez Padilla a trasladarse personalmente a la zona para evaluar si se requieren más recursos. Sobre el incendio en las afueras de la refinería de Dos Bocas, la mandataria reconoció que pudo haber tenido "alguna implicación" en el derrame, aunque la catalogó como "menor": una admisión discreta que contradice la narrativa del barco externo como único responsable.
Greenpeace México desmontó el optimismo oficial con datos de campo. El avance del 85% en labores de limpieza reportado por Pemex no corresponde con lo que documentan las comunidades costeras: chapopote llegando sin pausa, playas alejadas de zonas turísticas completamente ignoradas y ninguna evaluación del daño en los arrecifes. Las brigadas operan sin equipo adecuado, los protocolos de manejo de residuos peligrosos permanecen inactivos y la declaración formal de emergencia ambiental sigue sin activarse. La organización exigió que esa declaratoria se emita de inmediato y que los planes de restauración contemplen las zonas de anidación de tortugas.
El patrón no es nuevo: la industria petrolera opera en el Golfo de México como si los ecosistemas costeros fueran un gasto colateral aceptable. La Fiscalía General de la República (FGR), por instrucción de Sheinbaum, ya investiga el caso bajo la figura de delito penal, mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tienen atribuciones para actuar en el ámbito administrativo. Las instituciones existen, los protocolos existen; lo que escasea es la urgencia para aplicarlos antes de que el Corredor Arrecifal del Suroeste se convierta en el daño colateral más documentado —y menos atendido— de la temporada.
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