Más de 165 kilómetros de litoral afectados. Ricardo Cruz Haro advierte que las corrientes marinas pueden llevar el hidrocarburo hasta Tamaulipas y exige investigación independiente. Pemex reporta avances, pero organizaciones documentan daños a arrecifes y comunidades pesqueras.
TAMAULIPAS — El derrame de hidrocarburo que desde el inicio de marzo afecta las costas de Veracruz y Tabasco ha comenzado a proyectar su sombra sobre otros estados del Golfo de México. Aunque las labores de limpieza avanzan y las autoridades mantienen una investigación técnica para determinar el origen del contaminante, organizaciones civiles y voces desde el norte del país han elevado el tono de alerta. La facilidad con la que las corrientes marinas dispersan los contaminantes convierte a Tamaulipas en un punto vulnerable, donde el riesgo ha pasado de hipotético a una advertencia con fundamento técnico.
El presidente de la agrupación, Ricardo Cruz Haro, fue enfático al señalar que el derrame representa “un riesgo real, progresivo y potencialmente grave para el litoral de Tamaulipas”. En un llamado que busca romper con el silencio institucional, Cruz Haro advirtió que derrames previos han demostrado que el crudo puede desplazarse cientos de kilómetros, alcanzando costas lejanas al punto de origen. “No es un escenario hipotético, es un riesgo técnico real”, subrayó, al tiempo que exigió un monitoreo público de la dispersión del hidrocarburo, la activación de protocolos de contingencia y una investigación técnica independiente que determine responsabilidades conforme a la ley. Desde su perspectiva, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene la obligación de regular, supervisar y sancionar, y en casos de accidentes graves puede proceder incluso la revocación de asignaciones o contratos.
La magnitud de la afectación ya es cuantificable. Pemex informó que se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de 165 kilómetros de costas en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco. La petrolera aseguró que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, y ha destinado más de 35 millones de pesos en esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia. Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con los reportes de organizaciones ambientalistas. Desde principios de marzo, Oceana México y la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México han denunciado la presencia de chapopote en al menos 16 puntos costeros entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, con afectaciones a la salud, a las actividades pesqueras y a ecosistemas sensibles, incluyendo petróleo adherido a redes y embarcaciones.
Las autoridades han respondido con un dispositivo interinstitucional que integra a la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la ASEA, Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y gobiernos estatales y locales. El grupo informó que mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo, utilizando imágenes satelitales, desplazamiento de buques, drones y sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México. En un comunicado, las autoridades advirtieron que una imagen difundida por una organización no gubernamental era “claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales reales”.
Mientras la investigación oficial avanza y las versiones sobre el origen del derrame —que el gobierno federal atribuye a un barco privado sin identificar— siguen sin resolverse, las organizaciones civiles insisten en que no puede haber impunidad institucional. Cruz Haro recordó que, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, quienes operan en el sector son responsables por derrames y daños ambientales, y exigió que, en caso de confirmarse la participación de Petróleos Mexicanos u otro operador, se apliquen sanciones y se obligue a la reparación integral del daño. El riesgo para Tamaulipas, advirtió, es una extensión lógica de un desastre que aún no ha sido contenido en su origen.
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