La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con SEMAR, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía municipal, desplegó un operativo aéreo-terrestre en Tecamachalco ante el “incremento delictivo”. Con patrullajes y filtros vehiculares, las fuerzas federales y estatales buscan inhibir conductas delictivas en un municipio que refleja la escalada de violencia en la región.
TECAMACHALCO, PUEBLA. — Cuando en un municipio confluyen la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía municipal, el mensaje es inequívoco: la violencia se ha desbordado y el Estado reacciona con un despliegue de fuerza que busca, al menos, contener lo que ya no pudo prevenir. Tecamachalco es el escenario de un operativo aéreo-terrestre que, según el discurso oficial, responde al “incremento delictivo” en la zona. Un reconocimiento tácito de que la seguridad en la región se ha deteriorado al punto de requerir una coordinación militar de alto nivel.
El operativo desplegado incluye patrullajes preventivos en zonas de mayor afluencia y filtros de control vehicular en los principales accesos y salidas del municipio. Pero la presencia del helicóptero del gobierno estatal realizando sobrevuelos en la carretera federal a Tehuacán y localidades colindantes revela más de lo que oculta: las vialidades que conectan a Tecamachalco con otras regiones se han convertido en corredores de riesgo, y la vigilancia aérea intenta mapear un territorio donde el control territorial ya no es exclusivo del Estado.
La parafernalia del despliegue —cinco cuerpos de seguridad coordinados, helicópteros, filtros, patrullajes— contrasta con la ausencia de cifras concretas. No hay detenciones, ni decomisos, ni desarticulación de células delictivas. Un comunicado oficial habla sólo de “inhibir conductas” y “reforzar tareas de prevención”, un eufemismo que suele preceder a operativos que, una vez concluidos, dejan las mismas estructuras criminales intactas. En Tecamachalco, como en decenas de municipios poblanos, la llegada de las fuerzas federales se ha vuelto un ritual: aparecen, patrullan, se retiran, y la violencia regresa con la misma ferocidad.
El gobierno estatal celebra la coordinación interinstitucional como si fuera un logro en sí misma. Pero la militarización de la seguridad pública no es una solución estructural: es un parche que transfiere al Ejército y la Marina responsabilidades que debieran recaer en policías profesionales, bien pagadas y sometidas a control civil. Tecamachalco no es un caso aislado de crimen e inseguridad en Puebla; es el síntoma de una política de seguridad que lleva años apostando al espectáculo de la fuerza en lugar de la eficacia del Estado de derecho.
0 Comentarios