La Cámara de Diputados avaló con mayoría calificada la reforma al artículo 127 constitucional que limita las jubilaciones y pensiones de entidades públicas. Con 458 votos en lo general y 363 en lo particular, el dictamen establece que ningún haber de retiro podrá exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. Fuerzas Armadas y aportaciones voluntarias quedan excluidas.
CDMX — El espectáculo de la disciplina legislativa se impuso este jueves en San Lázaro. Con la maquinaria aceitada por la mayoría oficialista, la Cámara de Diputados despachó en tiempo récord la reforma constitucional que pone un candado a las jubilaciones y pensiones millonarias que durante décadas engrosaron los bolsillos de altos funcionarios mientras la base trabajadora del país veía erosionarse sus propios sistemas de retiro. El dictamen, que modifica el artículo 127 de la Constitución, obtuvo 458 votos en lo general y 363 en lo particular, números que evidencian el respaldo suficiente para su trámite final hacia las legislaturas estatales.
El texto aprobado establece un límite claro: ninguna jubilación o pensión de los entes públicos podrá superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal. Esto implica, en los hechos, un tope que busca recortar los privilegios históricos de una casta burocrática que construyó sistemas de retiro blindados mientras la mayoría de los mexicanos depende de cuentas individuales con rendimientos volátiles. La reforma, sin embargo, no pasa la navaja por igual. Las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro individual y las cuotas sindicales complementarias quedaron fuera del límite, un blindaje que reproduce la lógica de los pactos corporativos que el discurso oficial dice combatir.
El mensaje de austeridad que envía la iniciativa colisiona con su letra chica. El régimen transitorio ordena revisar y ajustar todos los contratos y condiciones laborales vigentes para adecuarlos al nuevo tope, pero una cláusula de “no retroactividad” garantiza que quienes ya gozan de jubilaciones exorbitantes las conserven intactas. Es decir, el ahogo financiero se aplicará hacia adelante, mientras los privilegios ya consolidados se blindan bajo el argumento de derechos adquiridos. La parafernalia del lenguaje inclusivo —“persona titular del Ejecutivo Federal”, “ninguna persona servidora pública”— no oculta que el fondo del asunto es la administración del gasto público, no una transformación estructural de los privilegios burocráticos.
El dictamen será enviado ahora a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación. En el camino quedarán las reservas presentadas por diputados de PAN, PRI, MC y los propios partidos del oficialismo, todas retiradas o desechadas bajo la lógica de la disciplina de bancada. La reforma, que se presenta como un acto de justicia social y contención del gasto, deja en el aire una pregunta incómoda: si el verdadero objetivo era poner orden en las finanzas públicas, ¿por qué se excluye a las Fuerzas Armadas y se protege a quienes ya acumularon fortunas al amparo del Estado?
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