Editorial
Cada 8 de marzo, el Estado mexicano ejecuta el mismo ritual. Publica comunicados, despliega operativos, cuenta asistentes y cierra el día declarando saldo blanco. Este año no fue diferente. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, publicó emojis y referencias a la presidenta antes de que su propia Fiscalía descargara un extintor (¿y gas pimienta?) sobre las mujeres que habían marchado todo el día para exigirle paridad y seguridad. En Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina desplegó 400 mujeres policías y 500 funcionarias de diálogo. En Tlaxcala, las manifestantes incendiaron la Secretaría de Gobierno. El patrón se repitió en varios estados. Nadie debería sorprenderse: cuando las instituciones no resuelven, las paredes arden y las puertas gubernamentales caen.
En otra perspectiva, el INEGI lo documenta con la frialdad que solo tienen los números. Al tercer trimestre de 2025, el 55.9 % de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad. El 46.7 % gana hasta un salario mínimo. El 9.4 % no recibe ingreso alguno por su trabajo. La brecha de participación laboral entre mujeres y hombres es de 29.4 puntos porcentuales. Estas cifras no son un accidente estadístico: son el resultado de décadas de políticas públicas que incorporan a las mujeres al discurso sin incorporarlas a la economía en condiciones de igualdad. Los Centros LIBRE – Casas Carmen Serdán que anuncia Armenta son parches sobre una herida que el propio sistema, su sitema, produce.
La respuesta institucional al 8M 2026 tuvo dos velocidades. CDMX apostó por el acompañamiento, el diálogo y la narrativa del orden; y funcionó, en términos de contención. Puebla terminó con químicos en el rostro de las mujeres frente a la Fiscalía General del Estado y un comunicado que nadie creyó. Tlaxcala no tuvo ni siquiera eso: solo fuego y carteles de denuncia colgados en vallas porque los ministerios públicos no escuchan. La heterogeneidad del #8M y las respuetas oficiales no son un problema de coordinación. Es la evidencia de que no existe una política de Estado coherente frente a la violencia de género: cada gobierno improvisa, contiene y olvida.
Las colectivas que marcharon este 8 de marzo no salieron a pedir favores. Salieron porque las mujeres desaparecen, porque los feminicidas siguen libres, porque las fiscalías archivan expedientes y porque ningún emoji de gobernador ha devuelto a una hija. El Bloque Negro Feminista Puebla se deslindó de la marcha convocada en la capital poblana porque vio en ella lo que ha aprendido a identificar: el intento del poder político de apropiarse de un movimiento que nació, precisamente, para confrontarlo. Tenían razón en desconfiar.
El 8M no es una fecha de conmemoración. Es un termómetro. Y lo que mide este año es una fiebre que no baja: la de un país donde las instituciones diseñadas para proteger a las mujeres son, con demasiada frecuencia, las primeras en fallarles. Mientras eso no cambie de fondo, habrá marchas. Y habrá paredes pintadas. Y tendrán razón.
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