reforma electoral
Editorial
La pregunta correcta sobre la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó al Congreso de la Unión el 4 de marzo de 2026 no es si Morena quiere convertirse en el PRI. Esa pregunta abre un debate sobre intenciones que el texto del decreto no puede resolver. La pregunta que el texto sí puede responder es otra: ¿qué modelo de representación produce este decreto y a quién favorece estructuralmente? La respuesta está en tres capas: la aritmética de la representación, la lógica del financiamiento y el ecosistema informal que la reforma deliberadamente no toca.
Primera capa: la aritmética de la representación. El decreto reduce el Senado de 128 a 96 senadurías eliminando las 32 plurinominales de lista nacional. Esas 32 senadurías eran el principal mecanismo de corrección de la sobrerrepresentación en la Cámara alta: permitían que partidos con votación nacional significativa pero sin triunfos distritales suficientes tuvieran presencia proporcional a su peso electoral real. Con los resultados de 2024 proyectados al nuevo esquema de 96 escaños, Morena pasaría de controlar aproximadamente el 52% del Senado al 64%. Ningún artículo del decreto introduce un mecanismo corrector de sobrerrepresentación equivalente en la Cámara alta. La corrección desaparece junto con los escaños que la producían.
En la Cámara de Diputados, el cambio es más sutil pero estructuralmente consistente. Los 200 escaños de representación proporcional se redistribuyen en dos bloques de 100: los mejores perdedores por votación distrital de su propio partido, y las diputaciones electas por voto directo de mexicanos residentes en el extranjero. El mecanismo de los mejores perdedores parece neutro: premia al candidato que más votación obtuvo en su distrito aunque no haya ganado. Pero no es neutro en su efecto. Los mejores perdedores son, por definición, los candidatos del partido que más candidatos competitivos desplegó en más distritos —es decir, el partido con mayor penetración territorial. Morena ganó 253 de 300 distritos uninominales en 2024. Sus perdedores fueron competitivos en un número considerablemente mayor de los 47 distritos restantes que los perdedores de cualquier otro partido. El bloque de 100 diputaciones de migrantes sigue la misma lógica: se asignan al partido que obtuvo mayor porcentaje de votación en cada circunscripción, comenzando por aquella donde el partido fue más fuerte. Con la distribución territorial de 2024, ese mecanismo favorece al partido dominante.
Segunda capa: la lógica del financiamiento. El decreto reduce el multiplicador del financiamiento ordinario de partidos del 65% al 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Es un recorte del 25% que afecta a todos los partidos en términos de porcentaje pero no en términos de capacidad operativa real. La distribución interna no cambia: 30% igualitario entre todos los partidos registrados y 70% proporcional a la votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. Con los resultados de 2024, Morena recibe más del doble del financiamiento de su competidor más cercano antes del recorte, y sigue recibiéndolo después. El tamaño del pastel se reduce; la proporción de cada rebanada permanece idéntica o bien cargada al partido gobernante.
La diferencia está en la capacidad de absorber el golpe. Las elecciones en México se ganan con dinero: estructura territorial, operación de casillas, movilización de votantes, presencia en medios fuera de los tiempos oficiales. Para Morena, con estructura consolidada, militancia activa y acceso a redes institucionales, un recorte del 25% en el financiamiento público es manejable. Para un partido que opera en el margen del umbral de registro —el 3% de la votación nacional— puede ser la diferencia entre sobrevivir como organización y desaparecer del padrón. La reducción de 48 a 35 minutos diarios de tiempos en radio y televisión opera con la misma lógica asimétrica: los partidos grandes tienen presencia institucional y mediática que no requiere spots para mantenerse en la conversación pública. Los partidos pequeños dependen de esos tiempos para existir en la percepción del votante que no los busca activamente. El recorte no debilita al fuerte: disciplina al débil.
Tercera capa: el ecosistema que el decreto no toca. Ninguno de los once artículos constitucionales que la reforma modifica, adiciona o deroga menciona a los servidores de la nación. Esa omisión no es neutral. La red de servidores de la nación —que el propio gobierno federal ha documentado en más de 20,000 operadores distribuidos territorialmente en todo el país— funciona como una estructura de identificación, seguimiento y vinculación de beneficiarios de programas sociales con el partido en el poder. Sus operadores van casa por casa. Conocen a los beneficiarios del programa Sembrando Vida, de las Becas Benito Juárez, de la pensión para adultos mayores. Esa última transferencia —una de las más extendidas del país— llega directamente al beneficiario sin intermediación institucional formal, lo que hace estructuralmente difícil distinguir entre el apoyo del Estado y el apoyo del partido.
La analogía histórica que emerge no es la del PRI de listas corporativas y sindicatos capturados. Es más cercana a la de estructuras capilares que articulan la presencia del Estado en el hogar, mezclan beneficio material con lealtad política y operan en un espacio donde la línea entre lo público y lo partidista es deliberadamente borrosa. La diferencia relevante —y hay que decirla para no caer en una equiparación que debilitaría el argumento— es que en México la oposición existe, compite y puede ganar localmente. El modelo que describe la reforma no es totalitario: es hegemónico por diseño. Y esa distinción importa, porque define con precisión qué tipo de reforma se necesitaría para corregirlo: una que tocara no solo las reglas formales del juego sino el terreno informal donde las elecciones se ganan antes de que abran las casillas.
Una reforma electoral que no regula la distinción entre servidor público y operador político, que no establece mecanismos para impedir el uso de programas sociales con fines electorales, que no toca la red de promotores territoriales del partido en el poder, no nivela el campo de juego. Reforma la cancha mientras deja al equipo local calentar en el vestidor del árbitro. Los cambios en la representación, el financiamiento y los tiempos en medios modifican las reglas escritas. El ecosistema informal permanece intacto. Y en ese ecosistema, las ventajas del partido dominante no se miden en artículos constitucionales: se miden en visitas domiciliarias, en tarjetas de transferencia y en la capacidad de un aparato de 20,000 operadores de aparecer en la puerta de un votante antes de que ningún partido de oposición pueda permitirse pagar a un representante de casilla.
El decreto no prohíbe a la oposición. No penaliza el disenso. No cierra los tribunales electorales ni elimina al árbitro. En ese sentido preciso, no reproduce el modelo del partido de Estado clásico. Lo que produce es algo diferente y más difícil de impugnar: un sistema en el que las reglas formales son neutrales en su texto pero asimétricas en su efecto, en el que el financiamiento público se recorta para todos pero golpea selectivamente a los más frágiles, en el que la representación de las minorías se reduce sin que ningún artículo las mencione explícitamente, y en el que el aparato informal de ventaja electoral opera fuera del perímetro de cualquier reforma constitucional.
| Mecanismo | Efecto sobre Morena | Efecto sobre minorías |
|---|---|---|
| Eliminación de 32 senadurías plurinominales | Favorece: +12 pts en control del Senado (proyección 2024) | Perjudica: pierde el principal mecanismo corrector de sobrerrepresentación |
| Mejores perdedores en RP (100 diputaciones) | Favorece: sus perdedores son los más competitivos en más distritos | Perjudica: partidos con votación dispersa capturan menos escaños que con listas proporcionales |
| 100 diputaciones de migrantes por circunscripción | Favorece: asignadas al partido con mayor % por circunscripción | Perjudica: distribución territorial de 2024 beneficia al partido dominante |
| Recorte del 25% en financiamiento | Neutral en proporción; manejable con estructura consolidada | Perjudica desproporcionalmente a partidos cerca del umbral del 3% |
| Reducción tiempos radio/TV (48→35 min) | Neutral: presencia institucional y mediática no depende de los spots | Perjudica: los tiempos de Estado son el canal principal de visibilidad para partidos pequeños |
| Servidores de la nación (no regulados) | Favorece: red de 20,000+ operadores territoriales sin regulación electoral | Perjudica: ningún partido de oposición puede financiar una estructura equivalente |
| Programas sociales de transferencia directa | Favorece: vinculación estructural beneficiario-partido sin mecanismo de separación | Perjudica: el Estado y el partido comparten imagen ante millones de beneficiarios |
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