El plan B ya no toca las 300 juntas distritales del INE. Solo 32 funcionarios ganan más que Sheinbaum: el 0.5% del presupuesto salarial. El PT rechaza la consulta popular sobre financiamiento a partidos. Más de 8 horas en Gobernación.
CDMX — Mientras los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM acumulaban más de ocho horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, el plan B de la reforma electoral comenzó a perder piezas antes de llegar al Congreso. El coordinador Ricardo Monreal, tras una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, confirmó que la nueva iniciativa no contempla convertir las 300 juntas distritales del INE de permanentes a temporales ni tocar las 32 sedes estatales. Esas 332 estructuras concentran el 80% del personal del Instituto. En el plan original, su desaparición representaba un ahorro de 5,800 millones de pesos. En el plan B, ese ahorro desaparece con ellas.
Lo que el plan B sí contempla en materia del INE es la aplicación del principio constitucional de que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta: 133,332 pesos mensuales. Sheinbaum lo ratificó: "No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE." El problema es que el consejero Martín Faz puso el número sobre la mesa con una precisión que ninguna narrativa puede ignorar: solo 32 funcionarios del Instituto ganan más que la mandataria, con sueldos de entre 136,000 y 180,828 pesos mensuales. Esos 32 representan el 0.5% del presupuesto salarial total del Instituto. "Lo que sigue prevaleciendo es una narrativa política", dijo Faz. Es la descripción más precisa disponible del mecanismo central del plan B: el objetivo declarado —acabar con los privilegios del árbitro electoral— y el instrumento elegido —tocar los salarios de 32 personas— no tienen la misma escala. La narrativa es grande. El ahorro, marginal.
El PT llegó a las negociaciones en Gobernación con una postura que delimita con claridad el perímetro de lo que está dispuesto a ceder. El dirigente en Oaxaca y ex diputado Benjamín Robles habló. El coordinador parlamentario Reginaldo Sandoval, que llegó en el mismo vehículo, permaneció en silencio. La división de roles es elocuente: Robles pone las condiciones, Sandoval las respalda sin firmarlas. Las condiciones son tres. Primera: el sistema de partidos construido desde 1977 debe mantenerse y fortalecerse, no reducirse. "Hemos expresado nuestro rechazo a un sistema de partido único. Esa época ya la padecimos en este país." Segunda: la consulta popular sobre financiamiento a los partidos es inaceptable porque ese mandato le corresponde al Congreso, no a la ciudadanía. "Lo que ya decidió la Cámara de Diputados debe respetarse", dijo Robles —recordando que la Cámara acaba de votar en contra de recortar ese financiamiento. Tercera: la reducción de regidores puede hacerse sin reforma constitucional, porque los gobernadores de la alianza pueden hacerlo ellos mismos. Es la postura más sofisticada de las tres: el PT no se opone al objetivo, se opone al instrumento que requiere sus votos.
La atribución de responsabilidad sobre las mantas de Oaxaca completó el cuadro. Robles señaló directamente al gobernador morenista Salomón Jara como responsable de la campaña que llamó "traidores a la patria" a los legisladores del PT y el PVEM que votaron en contra de la reforma. El movimiento es políticamente preciso: traslada la presión de la alianza nacional —donde el PT necesita mantener su relación con Morena— a un actor estatal específico, protegiendo la narrativa de unidad mientras se documenta el agravio. Monreal no desautorizó las mantas el 12 de marzo. Jara tiene ahora el problema.
El PVEM negoció con dos voces simultáneas. El coordinador en el Senado, Manuel Velasco, señaló que su partido ve con buenos ojos la reducción de integrantes en congresos estatales y cabildos municipales, pero que el respaldo definitivo depende del articulado final. El senador Luis Armando Melgar, del mismo partido, adelantó que no respaldará el plan B. Es la misma fractura que produjo el resultado del 11 de marzo —12 diputados del PVEM votaron a favor, la mayoría en contra— replicada ahora en el Senado. Velasco negocia. Melgar ya cerró. El articulado final que llegue el lunes determinará cuántos Velascos y cuántos Melgares hay en la bancada.
La plana mayor de Morena respondió al escenario de negociación con un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional firmado por Luisa María Alcalde, Carolina Rangel y Andrés Manuel López Beltrán. El lenguaje del desplegado —"sepultar los privilegios", "éticamente inaceptable", "mandato democrático de millones de mexicanos"— es el de una campaña, no el de una negociación. La firma de López Beltrán no es un detalle menor: el hijo del expresidente refuerza la línea de continuidad entre la 4T de AMLO y el plan B de Sheinbaum, en un momento en que los aliados que construyeron esa continuidad están condicionando su apoyo en una sala de Gobernación.
Lo que las negociaciones del fin de semana producen, visto en conjunto, es una imagen que el análisis político mexicano ha visto antes: una reforma que se achica en el proceso de construcción de votos, cuyos objetivos declarados no resisten el escrutinio de los números —32 funcionarios, 0.5% del presupuesto salarial— y cuyos aliados apoyan el objetivo general mientras rechazan los instrumentos específicos que requieren sus votos. Monreal dijo que será una reforma "responsable, cuidadosa y prudente". En el léxico de esta serie sobre la Reforma Electoral de Región Global, eso tiene una traducción precisa: es una reforma que ya no es la que se quería, construida para que parezca posible antes de que se sepa si lo es. El lunes llega el articulado. Entonces confirmaremos cuánto queda.
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