La iniciativa del plan B llegó al Senado, no a Diputados. Mier opera desde casa. El articulado: 15 regidores máximo, 15% de recorte al Senado, prohibición de seguros especiales. El Congreso federal: intocado. Calendario: aprobado antes de Semana Santa.
CDMX — La iniciativa del plan B llegó el martes 17 de marzo al Senado de la República, no a la Cámara de Diputados. La recibió la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. En el acto de entrega-recepción habló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco. Ricardo Monreal no estaba en esa sala. El desplazamiento sobre la cámara de origen quedó resuelto sin ambigüedad: el Plan M es el Plan B. Mier opera desde casa. El coordinador de Morena en el Senado conduce la reforma que el coordinador de Morena en Diputados anunció desde el podio del Pleno antes de que se emitiera el primer voto de la derrota. La geometría del poder interno de Morena en el Congreso se reordenó en dos semanas.
El articulado que llegó al Senado tiene cuatro modificaciones constitucionales que conviene leer con precisión. La primera modifica el artículo 134 para obligar a todo ente público —federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México— a ajustar sus remuneraciones a los límites del artículo 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta. La segunda prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados con recursos públicos —el Seguro de Separación Individualizado y las cajas de ahorro especiales— con excepción de los derechos derivados de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. La tercera establece que el presupuesto del Senado se reducirá un 15% respecto al aprobado en 2026 a partir del siguiente ejercicio fiscal. La cuarta fija un máximo de 15 regidores y 1 síndico por ayuntamiento, con el mandato de que los recursos liberados permanezcan en el propio municipio para servicios públicos y obra local.
Lo que no está en el articulado es tan significativo como lo que sí está. El Congreso federal no reduce el número de sus integrantes. Mier lo explicó con una frase que es simultáneamente una justificación jurídica y una confesión política: "En el Congreso de la Unión no se reduce el número de integrantes, porque esa es una voluntad de la propia soberanía de los estados." La soberanía de los estados protege el número de diputados y senadores federales. La misma soberanía de los estados —invocada por el PT como argumento contra la reforma— no protege el número de regidores municipales porque ahí sí puede intervenir el Constituyente Permanente. El federalismo es un argumento de cálculo variable en esta iniciativa: aplica cuando protege a los legisladores federales, no aplica cuando recorta a los regidores locales. No hay tampoco reducción del financiamiento a los partidos políticos nacionales —retirada en la negociación del fin de semana— ni modificación de los OPLEs, ni de las 300 juntas distritales del INE. Las cúpulas nacionales de todos los partidos firmantes permanecen intocadas. Los municipios y los congresos locales, no.
La frase más reveladora del día no la dijo Sheinbaum ni Mier en el acto de entrega. La dijo Mier en entrevista, casi de pasada, describiendo el espíritu con que el Senado procesará la iniciativa: "Una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas." Es la declaración más honesta disponible sobre los límites reales del plan B. El coordinador de la mayoría legislativa en el Senado, el mismo que anunció el acuerdo de coalición con el brazo de Velasco sobre su hombro, le dijo a la oposición que esta reforma respeta las reglas y los equilibrios de un sistema construido en décadas. Es también, leída en el contexto que hemos documentado puntualmente, la descripción más precisa de por qué el plan B es lo que es: no es la reforma que Sheinbaum quería. Es la reforma que el sistema estructurado en décadas permite que llegue a votación.
El recorte del 15% al presupuesto del Senado merece atención particular porque es el único componente de la iniciativa que toca directamente a la institución que la procesa. Mier lo encuadró como un acto de congruencia: "Al ser la Cámara de Origen debemos ser congruentes y consistentes." El Senado que aprueba el recorte al Senado. Es un movimiento político de cierta elegancia formal, pero los números lo relativizan: el 15% del presupuesto senatorial es un ahorro que en términos absolutos representa una fracción de los 4,000 millones de pesos que el plan B prometía. El gesto es visible. El impacto, proporcional a su visibilidad, es menor.
El calendario que Mier trazó es el elemento más concreto del día: la iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, se elabora el dictamen, se circula conforme al reglamento, se discute en comisiones, se aprueba y llega al Pleno. Todo eso antes de Semana Santa. Sin fast track, dijo Mier. El proceso ordinario. Pero el proceso ordinario comprimido en tres semanas, con una reforma constitucional que requiere mayoría calificada, ratificación de la mayoría de los congresos estatales —el obstáculo que nadie en la coalición ha resuelto públicamente— y el voto de aliados que firmaron un acuerdo de principio sobre una iniciativa que no habían leído cuando la firmaron. "Vamos a esperar a que llegue, a empaparnos del contenido", dijo Mier antes de que la iniciativa llegara. Llegó el mismo día. El contenido, ahora, está en las comisiones. Los votos, todavía no.
Cuatro estados —Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México— ya hicieron reformas para ajustar sus gobiernos municipales, señaló Mier como argumento de que la propuesta es viable y tiene precedentes. El argumento confirma, sin querer, lo que el PT había señalado como objeción: si los estados pueden hacer esos ajustes por sí mismos, la reforma constitucional federal no es indispensable. Es conveniente para quien quiere el crédito político del cambio, no para quien necesita el cambio. Lo que el plan B produce, en el mejor escenario de su aprobación, es la constitucionalización de algo que cuatro estados ya hicieron sin reforma constitucional. Lo que produce en el peor escenario —si los congresos estatales no ratifican— es una reforma federal que no puede aplicarse en los estados que decidan no acompañarla. El articulado no resuelve ese problema. El calendario tampoco.
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