Silvia Tanús anunció que quienes no renueven unidades perderán su concesión y nuevos inversores podrán sustituirlos. El marco jurídico y los criterios de selección aún no se publican. El programa se diseña, según la propia Tanús, en coordinación directa con el gobernador Alejandro Armenta Mier.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA — La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús, anunció este lunes que el gobierno del estado prepara una segunda etapa del programa de reordenamiento del transporte público en Puebla: quienes no renueven sus unidades perderán la concesión, y nuevas personas físicas o morales podrán sustituirlos mediante un programa de regularización cuyos criterios de selección aún no han sido publicados.
"Viene la segunda etapa en Puebla. Platicando con el señor gobernador estamos ya elaborando los elementos jurídicos necesarios (...) vamos a implementar un programa de regularización para el que quiera invertir en transporte en Puebla, lo haga", declaró Tanús tras presidir la entrega de apoyos a los primeros 39 concesionarios y permisionarios de 13 municipios.
La primera etapa del programa consistió en que el gobierno cubrió el 20 por ciento del costo de unidades nuevas a fondo perdido. La inversión de este primer grupo asciende a 11 millones 810 mil 64 pesos, parte de una bolsa total de 200 millones de pesos asignada por la administración estatal. La secretaria indicó que el marco jurídico de la segunda etapa se anunciará "en próximos días" y que el procedimiento se hará con transparencia, sin precisar plazos ni mecanismos de verificación.
Más de 100 amparos sin suspensión
En paralelo, Tanús confirmó que la SMT ya fue notificada de más de 100 amparos interpuestos por concesionarios en contra de la revista vehicular obligatoria. Ninguno ha obtenido resolución favorable ni suspensión. "Como 100 (amparos). Eso depende de los señores jueces, hasta donde yo voy, no han dado la suspensión a ninguno", declaró.
La titular calificó de "ilógico" que los concesionarios se amparen contra un requisito que forma parte de las condiciones de su propia concesión, y advirtió que la SMT no permitirá que operen unidades que no cumplan con ese requisito. Rechazó además que la dependencia haya retirado concesiones hasta el momento. "Hay algunos despistados que eso piensan", dijo.
La misma secretaría, tres frentes abiertos
El anuncio de modernización llega en una semana en que la SMT acumula pendientes sin resolver. El 10 de marzo, personal operativo anónimo de la dependencia denunció en carta abierta al Cmdte. Jaime Oropeza González por presuntos cobros de entre 40 y 50 mil pesos por plaza y cuotas de entre 500 y 1,000 pesos por unidad por día, además de señalarlo por vínculos con grupos delictivos. Tanús respondió ese día con un repost declarando "cero tolerancia". No convocó al Órgano Interno de Control. El señalado no tiene medida cautelar documentada.
El 11 de marzo, operativos de esa misma SMT retuvieron 11 de 15 unidades de la Ruta 100 en la ruta Insurgentes–CAPU, dejando sin servicio a sus usuarios. El gobierno prometió una reunión y liberar las unidades; los manifestantes levantaron el bloqueo en la autopista México-Puebla. El 12 de marzo, el subsecretario Juan Manuel Vega Rayet canceló esa reunión. A la fecha, no consta documentalmente que las unidades hayan sido liberadas.
Hoy, la misma titular que no respondió formalmente la denuncia interna y cuyo subsecretario canceló la reunión con los usuarios de Ruta 100, preside un acto de entrega de subsidios y anuncia un programa de renovación con criterios de selección aún por publicar.
El mecanismo central de la segunda etapa —sustituir a quienes no renueven con "personas físicas y morales" que sí inviertan— implica una transferencia de concesiones de transporte público a nuevos actores privados. El programa se diseña, según la propia Tanús, en coordinación directa con el gobernador Alejandro Armenta Mier. Los criterios de selección de los nuevos inversores no han sido publicados. El marco jurídico que los respaldará tampoco.
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