El Pleno del Senado rechazó 77 a 39 devolver el dictamen a comisiones. La coalición tiene más cohesión de la que los días anteriores sugerían — pero 77 no es 86. El artículo 35 llega al voto con el margen más estrecho del ciclo de debates.
CDMX — El Pleno del Senado de la República rechazó con 77 votos en contra y 39 a favor la moción suspensiva que el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri presentó para devolver el dictamen del plan B a las comisiones dictaminadoras. La coalición de Morena, PT y PVEM respondió con una solidez que los días anteriores no anticipaban con esa claridad. Pero el número que importa no es el 77 de la moción suspensiva. Es la diferencia entre ese 77 y el 86 que necesita el decreto en la votación en lo general. Esos nueve votos son el margen donde vive o muere el artículo 35.
La moción suspensiva del PAN era el último instrumento procedimental disponible para detener el debate sin entrar al fondo. Dorantes Lámbarri argumentó que el dictamen requería una revisión más detallada. La coalición lo rechazó en bloque. Ese rechazo tiene dos lecturas simultáneas. La primera es de cohesión: si el PT votó en contra de la moción suspensiva junto a Morena y el PVEM, significa que la coalición tiene al menos 77 senadores dispuestos a avanzar en el debate. La segunda es de aritmética: 77 votos en una moción procedimental no garantizan 86 en el decreto. Las mociones suspensivas se votan por mayoría simple. La reforma constitucional requiere mayoría calificada. Son dos umbrales distintos, y la distancia entre ellos es exactamente donde el PT puede activar el mecanismo que Monreal describió el 24 de marzo: votar en lo general y reservar el artículo 35 en lo particular.
Los discursos de apertura de los presidentes de las comisiones dictaminadoras tienen la temperatura del cierre, no de la negociación. El senador Óscar Cantón Zetina describió la reforma como de "gran relevancia constitucional y democrática" y afirmó que en México el poder "ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad." El senador Enrique Inzunza Cázarez dijo que el proyecto es una "definición" de cómo se concibe el ejercicio público y que "cada peso del presupuesto público pertenece al pueblo." Es retórica de clausura. Significa que el dictamen llega al voto sin más modificaciones. La revisión técnica que paralizó el proceso desde el domingo hasta el martes concluyó. Lo que viene es la votación.
El mecanismo que Monreal describió el 24 de marzo con precisión parlamentaria llega ahora a su momento de activación o de cancelación. Si el PT vota a favor en lo general y reserva el artículo 35 en lo particular, el artículo no alcanza los 86 votos y se excluye del decreto. Si el PT no reserva — si los nueve votos que faltaban entre la moción suspensiva y la mayoría calificada aparecen en la votación del decreto — el plan B completo pasa al Senado, llega a la Cámara de Diputados después de Semana Santa y la ruta continúa. Ambos escenarios tienen nombre en la narrativa oficial. El primero es la "victoria ética" que Monreal ya describió. El segundo es la continuación de la transformación que Mier dijo que la coalición está obligada a proteger. Lo que todavía no tiene nombre es lo que ocurrió en el hemiciclo después del rechazo de la moción suspensiva.
¿Qué propone el artículo 35 del plan B? El artículo 35 constitucional regula los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de participar en procesos de revocación de mandato. La iniciativa presidencial propone tres cambios a ese artículo. Primero, adelantar el plazo para solicitar la revocación del actual cuarto año de gobierno al segundo o tercer año. Segundo, fijar la jornada de revocación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año — el mismo día de las elecciones intermedias de 2027. Tercero, y es el punto de mayor controversia, añadir un párrafo que no existe en el texto vigente: "la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor." Es decir, la presidenta de la República podría hacer campaña activa por su propia continuidad durante el proceso. El PT se opone a este tercer cambio porque, al coincidir con las elecciones intermedias, consideran que la boleta de revocación jalará votos hacia Morena y desequilibrará la competencia electoral en favor del partido gobernante.
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