Mientras el gobernador Alejandro Armenta presentaba sus centros de bienestar animal como credencial ambiental el 2 de marzo de 2026, la FGE de Puebla ya investigaba irregularidades en uno de ellos: vacunas caducadas, eutanasias irregulares y registros adulterados denunciados por un médico veterinario el 27 de febrero.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se definió a sí mismo el lunes 2 de marzo ante los medios de comunicación como alguien que ama a los animales desde hace décadas. "Perruno y gatuno", dijo, con la convicción de quien lleva ese compromiso tatuado en la biografía. Presentó el Instituto del Bienestar Animal (IBA) —organismo que su gobierno creó mediante reforma a la estructura orgánica del Ejecutivo estatal— como uno de sus logros más personales: un centro de alcance metropolitano, el más grande de América Latina, más tres instalaciones adicionales en desarrollo. Lo hizo tres días después de que un médico veterinario que trabajó en uno de esos centros interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 008 de la FGE, la denuncia fue presentada el 27 de febrero de 2026. El denunciante, cuya identidad no fue revelada, señaló haber detectado durante su desempeño laboral en el centro una serie de irregularidades cometidas a lo largo de 2025: condiciones sanitarias deficientes, aplicación de vacunas presuntamente caducadas a los animales, manejo irregular de eutanasias y registros administrativos con inconsistencias en los procesos de adopción y atención médica. La FGE abrió carpeta de investigación por el delito contra los animales y aclaró que las personas señaladas serán investigadas respetando la presunción de inocencia. La causa se encuentra en etapa inicial.
Las irregularidades descritas en la denuncia son, en varios sentidos, la negación práctica de lo que el gobernador llevaba meses prometiendo en el discurso. Armenta construyó su perfil ambiental sobre la promesa de proteger la vida animal "en la tarea de sembrar, de plantar, de cuidar", según sus propias palabras. El IBA fue presentado como la expresión institucional de ese compromiso. Si los hechos denunciados se acreditan, el centro no operó bajo ese estándar durante 2025: vacunas vencidas aplicadas a animales bajo custodia del Estado, eutanasias sin los protocolos debidos y registros que no reflejan lo que ocurrió dentro del recinto son el opuesto exacto de lo que el gobernador prometió.
No hay evidencia de que Armenta conociera la denuncia cuando habló el 2 de marzo. Tampoco la hay de que la ignorara. Lo que sí es verificable es la cronología: la denuncia llegó a la FGE el jueves; el gobernador habló el lunes siguiente sin mencionar la carpeta abierta. La investigación está en marcha. Lo que sus resultados determinen —si los hechos ocurrieron, si hubo responsables, si el IBA tuvo conocimiento y actuó o no— definirá si la huella ambiental que Armenta reivindica con tanta frecuencia tiene sustento en la operación cotidiana de las instituciones que él mismo creó.
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