México Evalúa alertó en México que la impunidad alcanza 89.42% según su informe Radiografía de la Impunidad 2024. La desconfianza en autoridades y fallas en fiscalías y tribunales inhiben denuncias y agravan el rezago judicial en el país.

CDMX — La organización México Evalúa encendió una alerta sobre el deterioro del sistema de justicia penal en el país, donde la falta de confianza en las autoridades se ha convertido en un factor determinante para que las víctimas opten por no denunciar delitos.

De acuerdo con el informe Radiografía de la Impunidad 2024, sustentado en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 63% de quienes no denuncian lo hacen por razones directamente vinculadas al desempeño institucional. La percepción de que denunciar implica una pérdida de tiempo concentra el 34.62% de las respuestas, seguida de la desconfianza en la autoridad con 14.02%, además de la complejidad de los procesos y el temor a represalias.

El diagnóstico también exhibe un problema extendido de percepción de corrupción. Las policías de tránsito encabezan la lista con un 75.1%, seguidas por jueces con 69% y fiscalías estatales con 62.9%. En contraste, las fuerzas armadas federales presentan niveles significativamente menores: la Marina con 19.5% y el Ejército con 25.7%, lo que evidencia una brecha en la confianza ciudadana entre instituciones.

En el plano operativo, las fiscalías enfrentan un rezago creciente derivado de la falta de mecanismos eficaces de seguimiento. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes se duplicaron al pasar de 1.3 a 2.6 millones, reflejando una acumulación sostenida de expedientes sin resolución. En los tribunales, la tendencia es similar: en 27 entidades, la impunidad alcanza el 89.42%, mientras que solo el 10.58% de los casos logra una resolución.

Los indicadores más críticos se concentran en Jalisco, con 97.81% de casos no resueltos; Morelos (97.61%); Guerrero (96.19%); Estado de México (96.03%) y la Ciudad de México (96.01%). Este panorama confirma un sistema que, lejos de garantizar justicia, profundiza la distancia entre las instituciones y la ciudadanía.

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