Un tribunal sancionó al ingeniero Omar René Martínez con 10 años de inhabilitación y multa de 6.8 millones de pesos por anomalías en contratos del AIFA en 2021. La obra fue entregada sin observaciones pero el caso expone fallas en adjudicaciones bajo control de la Sedena.
CDMX — Un tribunal federal sancionó al ingeniero militar Omar René Martínez con 10 años de inhabilitación y una multa de 6.8 millones de pesos por irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en 2021.
De acuerdo con la resolución, el entonces capitán, quien se desempeñaba como residente del Frente 38 en la zona de servicios de apoyo a la operación del aeropuerto, permitió la recepción de equipo sin que existiera un contrato formal con la empresa proveedora. La maquinaria comenzó a llegar el 7 de junio de ese año, mientras que el contrato fue firmado hasta el 7 de septiembre.
El fallo también señala que la empresa involucrada no contaba con el giro para la renta de maquinaria pesada al momento de iniciar la entrega, ya que modificó su objeto social días después. Las autoridades determinaron que esta operación generó un daño al erario, debido a que el militar optó por rentar el equipo durante seis meses en lugar de formalizar un esquema de arrendamiento con opción a compra.
El monto de la sanción corresponde a la diferencia entre el valor de factura de la maquinaria y lo pagado por su renta. Este caso representa la primera sanción administrativa grave que se hace pública contra personal militar involucrado en la construcción del AIFA, proyecto que estuvo bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La sentencia fue notificada el pasado 15 de enero; sin embargo, el ingeniero presentó una apelación, por lo que el caso será revisado por una instancia superior. En su defensa, argumentó que la Fiscalía Militar no encontró delito que perseguir y que devolvió 120 millones de pesos de los 500 millones que administró, además de que la obra fue entregada sin observaciones.
Durante la construcción del aeropuerto, la Sedena reservó diversos contratos bajo el argumento de seguridad nacional, lo que limitó el acceso público a información sobre adjudicaciones. Este caso emerge de revisiones posteriores, fuera de los informes que en su momento difundió la Auditoría Superior de la Federación, y expone prácticas administrativas que no habían sido documentadas públicamente.
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