En Izúcar de Matamoros, Puebla, el gobierno municipal enfrenta críticas por adquirir mil ataúdes por más de 750 mil pesos mientras crecen los delitos en 2026. La inseguridad, obras cuestionadas y decisiones opacas agravan la crisis social.
Izúcar de Matamoros, Puebla. — La percepción de inseguridad se ha intensificado en los primeros meses de la actual administración municipal, en un entorno donde habitantes reportan asaltos, robos con violencia y ejecuciones que, aseguran, han dejado de figurar con regularidad en los reportes locales.
Uno de los casos más señalados es la adquisición de mil ataúdes por más de 750 mil pesos, una compra que, según versiones difundidas, se justificó como previsión institucional. Sin embargo, el gasto ocurre en paralelo a un incremento estimado de hasta 10% en la incidencia delictiva durante el arranque de la gestión, lo que ha intensificado críticas sobre la asignación de recursos públicos en un contexto donde comerciantes reportan cierres por extorsión y disminución de clientes.
El propio alcalde, identificado como “El Chino”, ha declarado en video que recibe amenazas constantes del crimen organizado, afirmando que “me pongo en manos de Dios y de los ciudadanos”. Estas declaraciones han generado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para enfrentar la violencia, así como sobre la estrategia de seguridad implementada en el municipio.
A la par, obras públicas como la remodelación del zócalo han sido objeto de controversia. Intervenciones reiteradas en la zona han derivado en observaciones del INAH, además de señalamientos por contratos poco transparentes y plazos de ejecución prolongados. Habitantes también reportan deficiencias persistentes en infraestructura básica, como baches, fallas en alumbrado público y proyectos inconclusos.
Otras decisiones han alimentado el descontento, como la rifa de motocicletas dirigida a jóvenes en lugar de programas formativos, así como la compra de toros de lidia con valores cercanos a los 100 mil pesos cada uno. A esto se suma el nombramiento de una funcionaria en el área deportiva que habría presentado documentación académica irregular, lo que amplificó las críticas hacia la administración.
En conjunto, los señalamientos incluyen retrasos en el pago de salarios, uso de vehículos oficiales por inspectores y la ausencia del edil en problemáticas prioritarias. Mientras tanto, la administración mantiene actividades públicas de aparente corte social, en un entorno donde la inseguridad y la opacidad continúan marcando la agenda local.
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