Al salir de su primera reunión con la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, representantes de 11 organizaciones ambientalistas revelaron que el plan de 10 mil árboles presentado por el gobierno como compensación al cablebús es un proyecto de la constructora Doppelmayr México, incompleto y sin aval oficial de la dependencia que lo recibió.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La reunión entre representantes de 11 organizaciones ambientalistas y la secretaria de Medio Ambiente, Mayra Orellana Caballero, produjo dos relatos que no se parecen entre sí. El Comunicado Oficial AA 222/2026 del gobierno del estado describe un encuentro de apertura donde se "escucharon inquietudes", se "presentó la agenda de Bosque Urbano" y se acordó una segunda reunión para el 13 de marzo. Los propios invitados, al salir de las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) en San Andrés Cholula, fueron al Paseo Bravo a contar otra cosa: no obtuvieron el plan de trabajo del cablebús, no obtuvieron el proyecto ejecutivo de la obra y descubrieron que el plan de compensación forestal que el gobierno lleva semanas presentando como propio no es, en realidad, del gobierno.
El dato que los ambientalistas pusieron sobre la mesa reencuadra retroactivamente buena parte del debate de las últimas dos semanas. El proyecto de plantación de 10 mil árboles —anunciado con detalle por el coordinador de Gabinete José Luis García Parra, celebrado por el gobernador Alejandro Armenta Mier como parte de su compromiso ambiental y presentado con cifras de supervivencia del 95%— fue ingresado ante la SMADSOT el 3 de enero de 2026 por la propia empresa constructora del cablebús: Doppelmayr México. El proyecto está incompleto. Hace dos semanas, según explicó la secretaria Orellana Caballero en la reunión, la dependencia solicitó "información complementaria" al "particular" que lo presentó. En términos institucionales, eso significa que la SMADSOT no ha avalado el proyecto de reforestación que el gobierno ha defendido públicamente durante días como garantía del cuidado ambiental de la obra.
Cuando García Parra anunció el 2 de marzo que los árboles tendrían una supervivencia del 95% y que el gobierno garantizaría su cuidado por cinco años, esa promesa descansaba en un proyecto que no había pasado por la validación de la propia Secretaría de Medio Ambiente. Cuando los ciudadanos que marcharon el 1 de marzo advirtieron que las reforestaciones previas en Puebla murieron sin que nadie las regara, la respuesta oficial fue que esta vez sería distinto. Ahora se sabe que el sustento técnico de esa diferencia es un documento presentado por la empresa que construye el cablebús, incompleto al día de hoy y sin validación oficial. La pregunta que queda es si los 2,400 árboles ya plantados —sobre los que los ambientalistas ya detectaron "malas prácticas"— fueron sembrados bajo ese mismo proyecto sin aval.
Los representantes de las once organizaciones también cerraron, con nombres y fechas, el argumento que el coordinador García Parra había lanzado el 2 de marzo al vincular las protestas con "el manual de operación de la derecha" y el PAN. Frente al Paseo Bravo, los ambientalistas señalaron que se han opuesto a la tala y poda de árboles en gobiernos panistas anteriores: los de Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera. La referencia es concreta y verificable. La narrativa de la "fábrica de mentiras partidista" pierde sustento cuando los mismos actores tienen un historial de oposición que precede al gobierno actual y cruza líneas de partido.
En cuanto a las propuestas, las organizaciones no llegaron solo a protestar: presentaron un pliego con alternativas de movilidad que incluye ampliar la red y las unidades del sistema RUTA Puebla, revisar el diseño y la tarifa de la Línea 4, impulsar subsidios para sustituir microbuses por unidades de mayor capacidad, realizar una reingeniería integral de rutas y eliminar unidades irregulares. Sobre el medio ambiente, pidieron corregir las malas prácticas ya detectadas en la primera plantación, impedir la sustitución de especies nativas por exóticas y frenar intervenciones en Flor del Bosque y La Malinche. El gobierno tendrá oportunidad de responder a ese pliego el 13 de marzo, en la segunda reunión acordada. Lo que ya no podrá presentar como argumento es que los ambientalistas solo saben manifestarse.
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