Entrevistado, Monreal fue categórico: si la reforma se desecha no hay plan B ni ley secundaria sustituta, solo un año de espera constitucional. Anticipa cuándo conviene pasar página. El PT no duda: la llama en público a Morena partido de Estado.
CDMX — Al término de la inauguración del Mundialito Legislativo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila cerró tres puertas en una sola entrevista. Cerró la puerta al plan B como reforma alternativa. Cerró la puerta al calendario optimista. Y, con una frase que cuida el lenguaje pero no esconde el cálculo, abrió la única salida que le queda a un estratega que ya sabe que la batalla no se puede ganar si huestes: pasar página antes de que el debate produzca más daño que la derrota misma.
La primera puerta cerrada es la más técnica y la más definitiva. Ante la pregunta de si dos puntos centrales de la iniciativa —las listas de plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos— podrían abordarse por la vía de la ley secundaria si la reforma constitucional no alcanza los votos, Monreal respondió con una sola palabra: "No." Y luego la explicó con precisión constitucional: cuando una reforma de esta envergadura se desecha —es decir, no alcanza las dos terceras partes en la Cámara— ya no puede presentarse ni en el mismo periodo legislativo, ni en el siguiente, sino hasta un año después. Tampoco puede ser sustituida por ley secundaria en los puntos que requieren reforma constitucional, ni puede colarse por otra reforma similar. "Somos serios", subrayó. El plan B, si existe, no es una reforma alternativa. Es otra cosa que Monreal no describió.
La segunda puerta cerrada es la del calendario. Monreal delegó formalmente el ritmo del proceso a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral: son ellas las que deciden cuándo dictaminar, cuándo citar a votación, cuándo presentar el dictamen al Pleno. "No lo sé", respondió cuando se le preguntó cuándo podría votarse en comisiones. La delegación en las comisiones es, en el lenguaje parlamentario, una señal precisa: el coordinador que conduce la mayoría se está distanciando del cronograma de una reforma que él mismo reconoce como problemática. Las comisiones deciden el ritmo; si el resultado es adverso, las comisiones decidieron.
La tercera puerta —la más política— es la que Monreal entreabrió sin terminar de cruzar. "Cuando no hay condiciones y cuando ya se han anunciado los votos en contra, no tiene sentido que se mantenga por mucho tiempo un debate que no nos va a llevar más que a división, a mayor fricción, incluso a confrontación", dijo. Es la frase de un estratega que ya está calculando el costo de prolongar una batalla que no puede ganar. No es una declaración de derrota —Monreal se cuida de no serlo— pero es la señal de que el horizonte del debate tiene fecha de vencimiento. El cierre inmediato fue igualmente elocuente: "sin embargo, en este caso son las comisiones las que deciden." La responsabilidad del calendario ya no es suya.
El dato más revelador de la jornada no vino de Monreal sino de la pregunta que le hicieron. Un reportero le preguntó "por qué el PT dice que en el fondo de la reforma está la constitución de un partido de Estado." La pregunta confirma que ese argumento —desarrollado en el análisis comparado que esta serie ha documentado desde el Reportaje 3— ya no circula solo en la academia o en la cobertura especializada: lo está usando el Partido del Trabajo como razón pública y explícita de su oposición. Monreal respondió con una negación directa: "No hay una sola expresión, una sola redacción, un solo párrafo que vaya orientado hacia eso, a constituir un partido de Estado. Es totalmente inexacto." La negación es significativa en dos sentidos: confirma que el argumento tiene suficiente peso político como para que el coordinador parlamentario lo enfrente en conferencia de prensa, y reproduce exactamente la lógica que el modelo de captura institucional predice —cada eslabón de la secuencia puede negarse en aislamiento porque, visto en aislamiento, ninguno es determinante. Es la acumulación la que define el modelo, no cada paso individual.
A la pregunta de si puede haber represalias contra el PT o el PVEM por no sumarse, Monreal respondió que no debe haberlas: "son actos legislativos en los que la libertad individual y la convicción deben de prevalecer." A la pregunta de si la ruptura legislativa rompe la coalición electoral para 2027, respondió de manera categórica que no. La coherencia entre ambas respuestas es la de alguien que ya separó mentalmente este acto legislativo del proyecto político de largo plazo. La reforma puede no aprobarse. La alianza debe sobrevivir. El decreto es prescindible; la coalición, no.
El estado real de la reforma al cierre del 6 de marzo es este: el PT ha anunciado su oposición a los artículos centrales y está usando públicamente el argumento del partido de Estado. El PVEM no ha fijado postura formal. Morena tiene 253 votos sobre los 334 necesarios y su propio coordinador admite que el debate no debería prolongarse si los votos no están. Las comisiones trabajan desde el 4 de marzo sin calendario público. El plan B no es una reforma alternativa —es una incógnita con límites constitucionales precisos. Y la única salida que Monreal describe con claridad es la que más le conviene como estratega: cerrar el episodio antes de que fracture lo que no debe fracturarse.
Hay una ironía en el cierre de esta secuencia que vale la pena nombrar. La reforma que se presentó como el "segundo piso de la Cuarta Transformación", como el instrumento para profundizar la democracia y reducir el costo del sistema electoral, está a punto de no aprobarse —si los votos no aparecen— precisamente por las disposiciones que más convienen estructuralmente al partido que la impulsa. El PT y el PVEM no se oponen a la regulación de la inteligencia artificial en campañas, ni al voto electrónico para consultas populares, ni a la democracia directa municipal. Se oponen a la eliminación de las senadurías plurinominales, al fin de las listas regionales y al recorte del financiamiento. Es decir, se oponen exactamente a los tres mecanismos que representan la ventaja estructural para el partido dominante.
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